DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

Proyecto: FEREPRODIS-Secretaría de Formación de la CMTC
Federación Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad

Los Derechos Humanos frente a la discapacidad[1] en el contexto de la organización económica de segregación y globalización.

Frank Ulloa Royo. Fundación Witaicon.
Cartapacio No.1






Presentación:
La Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses, y su Federación Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad, con el patrocinio de la Fundación Witaicon, inicia con esta publicación una campaña nacional para que los trabajadores, personas y familias discriminadas en cualquier razón, o en situación de dependencia, sean considerados en los procesos de desarrollo humano y económico, de manera que el cuadro vicioso de discapacidad sea sustituido por un circulo de solidaridad, vida independiente y desarrollo humano en consonancia con una cosmovisión de evolución planetaria.
Naciones Unidas y los Organismo Regionales han puesto su atención en la problemática de exclusión y discriminación. Aquí revisamos las Declaraciones, Resoluciones y Convenios Internacionales relativos a esta temática. Las normas que protegen la vida de los discapacitados, intentan colocar, en lo posible, en un trato de igualdad a todos y todas, sin distinción de edades ni de diferencias. Es necesario crear discriminaciones positivas que permitan eliminar la discriminación social y cultural. La sociedad costarricense es discapacitante, niega estas normas y sigue actuando de manera discriminante, invisibilizando las necesidades de la población con capacidades diferentes, y haciendo una verdadera segregación o apartheid de este grupo poblacional.
La Central del Movimiento de los trabajadores Costarricenses busca luchar contra la discriminación e incidir en la manera en que la sociedad enfrenta la discapacidad. Es necesario superar la visión limitada, que la presenta exclusivamente como un problema de salud, y por lo tanto define soluciones de la misma naturaleza. Hay que evitar esta propuesta y analizar el problema político y cultural subyacente. La discapacidad nace en la exclusión y la discriminación. Se acrecienta con la pobreza y la falta de accesos a la educación y al trabajo. Esto provoca que cualquier restricción o ausencia de la capacidad física, intelectual o sensorial se convierta en un impedimento para movilizarse, estudiar, trabajar, y disfrutar del derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos. Entonces desde la óptica del movimiento social debe clasificarse la discapacidad en cuatro en tipos analíticos: social-cultural, neuromotora (parálisis cerebral, distrofia músculo-esquelética, etc.), sensorial (problemas del lenguaje, sordera, debilidad visual (ceguera) y mental.

Son derechos humanos esenciales no ser víctimas de marginación o discriminación; tener derecho a una educación y formación profesional, desplazarse libremente en espacios públicos abiertos o cerrados; disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias; tener un empleo y libre acceso en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos; contar con espacios en el transporte público reservados para su uso plenamente identificados; gozar de un trato amable, cortés y respetuoso de parte de la población en general, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas.

Es interés de la Fundación Witaicon favorecer un profundo cambio cultural y educativo, desde su programa de Escuela de la Nueva Moneda,-la inteligencia y el conocimiento- que coordina el Dr. Lino Marcos Budiño para habilitar conceptual y prácticamente a madres y padres y familiares de personas con discapacidad sobre las herramientas educativas existentes. Un primer paso será colaborar para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan sus derechos humanos universalmente reconocidos y puedan aplicarlos. Hacia ellos está dirigida esta publicación. Esta proyección hacia las personas vinculadas al mundo de la discapacidad, tiende a servir de nave para atravesar un mar de mitos, discriminación y prejuicios. Empezamos con el estudio de los derechos humanos de esta población históricamente segregada, en una colección de Cuadernos o pequeñas publicaciones de colección, tendientes a construir una bio-biblioteca para las organizaciones que luchan por una transformación de la realidad de las personas afectadas por la discriminación derivada de la discapacidad.



1. La sociedad discapacitante:

La sociedad costarricense del siglo XXI sigue discapacitando a una mayoría al no conceder las condiciones óptimas para la vida en común. Las personas, han sido excluídos, en su gran mayoría de las relaciones de trabajo y de poder, con una sentencia de pobreza y discapacidad para la sobrevivencia.
La discriminación en la sociedad costarricense asume muchos matices y genera discapacidades diversas. Ser migrante es una gran limitación, si se es indocumentado no hay mayores garantías que las formales de igualdad ante la ley. Esto genera discapacidad social. Si además no se leer ni escribir y soy una mujer con alguna limitación física, la discapacidad se acrecienta. Otros excluidos socialmente son extranjeros siendo originarios de estas tierras, como las nueve poblaciones indígenas costarricenses, que el idioma los limita. La edad, el color de la piel, la falta de un órgano esencial como la vista o el oído, o la voz, o simplemente, no saber leer ni escribir genera discapacidad social, que se acrecienta con alguna discapacidad física. A veces muchos de estos actos discapacitantes se conjugan en una persona, indígena, migrante con discapacidad física, que no entiende el idioma, que ha viajado horas en busca de atención en el Hospital de Ciudad Neilly, ¡acaso estamos exagerando¡ Todos tienen algo en común. La sociedad los invisibiliza, los excluye y los deja cuando mucho como sujetos de programas asistenciales.

Además, como expresión de una cultura nacional individualista, nos estamos convirtiendo en una sociedad intolerante, selectiva y negadora de los derechos humanos esenciales de las personas diferentes o que no cuentan con los indicadores de éxito y competitividad que se requieren para vivir en esta nueva modernidad. La discriminación por discapacidad empieza muy temprano en la vida de una persona, a veces desde el útero materno y la discriminación de su madre lleva a una discapacidad de la futura generación. A veces en el útero social si la pobreza y lo que la acompaña nos acecha. Esta es una sociedad que niega a un porcentaje mayoritario de la población los derechos humanos fundamentales, pero simultáneamente promueve leyes para dar la sensación que algo se está haciendo. Sino veamos: la sociedad costarricense actual nos llena de interrogantes. ¿Cómo entender que después de diez años de vigencia de una ley que universalizaba el transporte y exigía una sociedad inclusiva, al calor de la corriente mundial a favor de las personas afectadas por la discriminación y correlativa discapacitación, hoy nos proponga una regresión en materia de derechos humanos. Hay un proyecto de ley para que una minoría de autobuses y otros medios de transporte dispongan de rampas. Lo mas interesante es el discurso de los propietarios de autobuses de cómo se les dañan sus intereses y se les afectan sus derechos. Los diputados se apresuran a presentar una enmienda a la ley 7600. Lo mismo ocurrió con algunas organizaciones de personas con discapacidad que se prestaron para acomodar la ley y procrastinar derechos esenciales nuevamente, por muchos años más. La realidad de las personas con limitaciones físicas sigue igual que hace una década pero ahora sin una ley. Pareciera que el problema del amparo de los derechos va más allá de la defensa burocrática en las sedes administrativas y judiciales. Existe una sociedad cuyos valores son excluyentes.

¿ Como entender que los transportistas y comerciantes amenazaran con un paro nacional si no modificaban en perjuicio la ley que aseguraba rampas de acceso al sistema colectivo de transportes, concesionado por el Estado a empresas privadas?.
Nuestro país adolece de programas en todas las áreas estratégicas del desarrollo humano para la población con discapacidad. Los programas educativos carecen de una estructura y metas educativas. La formación profesional estatal es inexistente para este sector. El Derecho a la educación se ve muy limitado. Las limitaciones son múltiples, algunas endógenas como la falta de programas, objetivos y metas educativas. Otras son externalidades, como la inexistencia de accesos a las escuelas ola imposibilidad de beneficiarse del transporte publico, pero todas son igualmente importantes de resolver para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Las organizaciones de la comunidad, los padres de familia, y los sindicatos, ante el vació de programas para este sector, la han asumido un rol en prevención y control de las causas y condicionantes de la discapacidad; para ofrecer orientación y educación en materia de rehabilitación, y atender integralmente a los discapacitados, incluyendo la adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales, cubriendo las mas importantes necesidades de la discapacidad física.

¿Como hacer llegar a las escuelas y a los servicios de salud a los niños y niñas pobres? ¿Cómo asegurar programas educativos que los hagan avanzar humanamente? Y como hacerlos llegar si además tienen alguna otra discapacidad ¿.ç Cómo lograr que tengan la alimentación y recreación y se les promueva el desarrollo de sus aptitudes creativas, de manera que suene música en sus oídos y salgan canciones de su boca, aunque la naturaleza les diera inicialmente una sordera? Por ahora conocemos que todo lo anterior es lo que la sociedad costarricense no hace. No hacerlo es condenarlos a la dependencia, la pobreza y la discapacidad, y crear una generación de adultos excluidos. Es en la niñez en donde empieza la discriminación y las acciones discapacitantes de la sociedad. Lo que sigue es una historia de segregación de las personas con discapacidad.

Las Naciones Unidas han propuesto una serie de tratados que el país ha ratificado contra la discriminación y la segregación. ¿Qué ocurre entonces? Para dar una respuesta será necesario estudiar la evolución mundial de los derechos humanos de las personas denominadas ahora “discapacitadas”, cuando en realidad simplemente son niños y niñas sabias esperando una oportunidad para no formar parte del mundo de la exclusión. Un niño o niña con síndrome de Down o Asperger, o con una lesión física no tienen por que ser excluidos de sus acceso a la sabiduría humana por una etiqueta discriminatoria de niño o niña discapacitada, simplemente porque la sociedad no ha creado las condiciones y la nueva Escuela para el desarrollo de todas sus potencialidades y que puedan expandir todas su inteligencia en beneficio de la propia colectividad. Es mas fácil apartarlos, segregarlos y discapacitarlos, y darles programas de asistencia social.

Los efectos de la discriminación derivada de una sociedad excluyente e intolerante están a simple vista y forma parte de un proceso de dominación de larga data, en donde los individuos-las personas- se sienten responsables de sus propias limitaciones y no de las limitaciones de los demás. La población en general ha sido sustituida de sus derechos humanos por valores artificiales de supervivencia, en donde la violencia, la auto-satisfacción de intereses a cualquier costa, la sexualidad como valor independiente del amor, y la lucha de todos contra todos , promueven que sobrevivan solo los más aptos y dotados. Estos valores pragmáticos y dominantes crean una nueva relación con la naturaleza, en donde se permite la destrucción de toda la obra de la creación natural y social.



Se sustituye la ecología humana, la fraternidad y la solidaridad por la simple sobrevivencia y la exclusión de los inadaptados, rebeldes o mal dotados para el combate que se libra en la sociedad globalizada.
A lo largo del siglo XX las personas discriminadas, con o sin capacidades físicas diferentes, han pasado de la aceptación pasiva de todo aquello a exigir que no se les llamara inválidos o discapacitadas. Muchas de ellas reniegan del asistencialismo estatal, para buscar la afirmación activa de su propia fuerza y su confianza en las propias capacidades humanas y políticas para llevar una vida autosuficiente e independiente. Con aquel poder moral de incidencia sobre la sociedad se busca hoy un poder social, que no es otra cosa que el bien común de todos y para todos, sin exclusiones. El poder debe servir para crear un nuevo derecho no excluyente. El estudio de la evolución jurídica de los derechos relativos nos puede dar un amplio marco para la acción reivindicativa pendiente.

La propuesta de los y las personas segregadas y que sufren la discriminación y discapacidad correlativa por su situación personal, vinculadas además a limitaciones culturales, económicas o físicas, a la imposibilidad material de disfrutar de igualdad en la vida y de la participación plena en el conjunto social en todos los ámbitos de la vida debe expresarse también en el campo legal.

Hoy estas personas y sus organizaciones a nivel nacional e internacional les hacen una invitación a los que los discriminan y excluyen. Les exigen que les permitan un espacio de desarrollo autónomo y se animen a coadyuvar al desarrollo político y social de una sociedad humana del siglo XXI en donde todos y todas tengan sus derechos sin exclusiones y se les hagan cotidianos. Una persona en silla de ruedas, no importa lo que diga la Constitución Politica de su país, -o no lo diga- deberá de ser capaz de desarrollar todas sus potencialidades, todos los días a todas horas, solo así sus derechos humanos cobraran vigencia. No es una Sala Constitucional la que debe decidir sobre sus derechos en un largo proceso burocrático, es una sociedad que debe reasumir los valores de humanidad. No es un grupo de expertos de las oficinas públicas e instituciones pro discapacitados los que pueden seguir definiendo por ellas y por ellos. No solo definen sino que limitan y etiquetan. A nivel de los propios especialistas encontramos el exabrupto repetido hasta la saciedad, inclusive en documentos científicos oficiales de distinguir en materia de salud entre lo físico y mental, se habla entonces de capacidad física y capacidad mental, lo que es una inexactitud. Evidentemente pensamiento es parte del mundo físico y los fenómenos y procesos que allí ocurren tienen una explicación neuro-biológica y química, que no están ajenos al mundo de la física. Este mito llevado al mundo de lo jurídico ha traído consecuencias nefastas con instituciones jurídicas como la discapacidad física y mental, que viene desde las codificaciones napoleónicas. Entonces el derecho normalmente encierra una ciencia atrasada en las instituciones que crea. Este concepto jurídico tiene varios cientos de años de atraso y no ha permitido una adecuada construcción del problema.

Una persona sorda, debe de tener las condiciones para comunicarse con todos y todas, en todas las principales esferas de orden familiar, social y político. ¿No es acaso este bilingüismo más importante que otros? ¿Pero por qué esto no es así y se les condena a la soledad o pierden su libertad de movimiento? Existe alguien externo que determine que esto sea así? ¿Es acaso toda la sociedad excluyente la que discrimina? Están algunas sociedades libres del pecado de discriminación o falta un impulso mayor de naciones unidas a los mecanismos endógenos de convivencia en un mundo que se dice globalizado, cuando excluye a grandes segmentos poblacionales.

La autoconciencia y aceptación de las diferencias llevará sin duda a una sociedad más inclusiva. Pero para llegar allí hay que saltar obstáculos físicos, jurídico-ideológicos y políticos. No se llega a la sociedad inclusiva simplemente por una vía de renovar la institucionalidad y mejorar las leyes. De ser así viviríamos ya en Utopía. Las personas discriminadas saben que este proceso será un camino de rebelión. Una trocha difícil para encontrar en el proceso el sentido de la vida. La consolidación de los derechos formalmente reconocidos solo se logrará batallando los derechos humanos, que a pesar de serles consustanciales, les son negados en la sociedad excluyente. Dentro de este contexto debemos pensar el papel de las organizaciones del trabajo, especialmente los sindicatos en la lucha por la consecución de los derechos de los excluídos, especialmente de las personas con capacidades diferentes.



2. Naciones Unidas, la discriminación y la consolidación de los derechos humanos de los excluidos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,[2] y en especial en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecieron los principios básicos contra la discriminación en muchos de sus órdenes. Sin embargo presentan serias deficiencias en cuanto a la discapacitación de las personas por las sociedades excluyentes. Estas han querido ser ampliadas en nuestra Región por la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la O. E. A. En conjunto constituyen el bloque de legalidad más completo de disposiciones legales internacionales, vinculantes en el ámbito de los derechos humanos por haber sido ratificadas por Costa Rica. [3]

Sabemos que los derechos humanos son considerados una totalidad indivisible, interdependiente e irreversible. Conocemos que deben asegurar las libertades fundamentales, de las que sin embargo, son excluidas las personas en situación de dependencia o discriminación en razón de su salud o condición de dependencia o discapacidad derivada de la misma. Esta constituye una limitante evidente de los Pactos y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos.


Las personas pertenecientes a los distintos géneros, grupos etarios y étnico-lingüísticos son afectados de manera distinta por la discriminación en razón de la salud o lesiones derivadas de su participación en procesos de trabajo, guerras, o por su condición social, física, o sus capacidades neurobiológicas al nacer, que les han dejado secuelas físicas y discapacidad para trabajar, movilizarse, educarse o para su recreación, en una sociedad que no las reconoce, las excluye y las discapacita para el disfrute de la vida en sociedad.
Esta acción discapacitante de la sociedad se traslada por extensión a las familias y grupos sociales de pertenencia, que deben asumir los retos de la discriminación y buscar los medios para lograr la mejor sobrevivencia de quienes son victimas de este proceso. Es necesario precisar la forma en que los distintos grupos poblacionales son afectados y crear estrategias incluyentes para que los derechos humanos universalmente admitidos sean también para todos y todas, sin exclusión, y más allá de los discursos incluyentes se requiere una politica económica y social inclusiva y preventiva de los riesgos de salud que conllevan discapacidades.

Al finalizar la II Guerra Mundial, se firma la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y el acuerdo en París de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los cuales darían la orientación mundial a los Estados para asegurar el respeto a los derechos y libertades fundamentales de la persona como absoluto común. En la situación actual de globalización discapacitante, pareciera necesario recrear los ideales solidarios ahí consignados, como alternativa a la discriminación de pueblos, nacionalidades y personas, condenados a vivir sin libertades y a no desarrollar todas sus potencialidades como personas.

Internacionalmente se ha avanzado en la formulación de conceptos para explicar la diversidad de capacidades, de un real derecho al disfrute de la vida y de las limitaciones por razones de salud y la exclusión, por condiciones de nacimiento. Sin embargo, en nuestro medio aun se utiliza un lenguaje peyorativo y excluyente, que evidentemente tiene sustento en una ideología de la discriminación y en la idolatría de los mas aptos y exitosos para atender el trabajo asalariado. De esto no se excluye el lenguaje de Naciones Unidas y sus diversos organismos .Este lenguaje de minusvalía esta incluido en los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen derechos humanos.


De la invalidez y la rehabilitación al empoderamiento por la educación, el tratamiento, la capacitación y el empleo de las personas que han sido discapacitadas por la sociedad.
La Secretaría de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social son los principales órganos de las Naciones Unidas encargados de las cuestiones relativas a la discriminación en consecuencia de una discapacidad. En su primera década su actividad se orienta a la promoción de los derechos de las personas con discapacidades físicas, como ceguera o sordera. Los proyectos van dirigidos a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación. A partir del Sexto periodo de sesiones en 1950 en que se conocen dos informes: "La rehabilitación social de los minusválidos" y "La rehabilitación social de los invidentes", la Comisión Social y sus principales organismos como la OIT, la UNICEF, LA OIR, Y LA OMS ,reconocen la necesidad de establecer normas internacionales para la educación, el tratamiento, la capacitación y la colocación de las personas discapacitadas, prestando especial atención a las personas con deficiencias visuales en los países subdesarrollados.

El Consejo Económico y Social también recomienda que los países tomen medidas para ayudar a los discapacitados. Un año después, en 1951 se buscan soluciones para la rehabilitación social de los discapacitados, atendiendo especialmente al problema de la adaptación y la rehabilitación desde una perspectiva integrada, y busca que los distintos organismos coadyuven con los estados, pero sin entender aun que la sociedad misma discapacita y discrimina.


Es a partir de 1952, en la Octava y Novena reunión del Consejo Social, que se da una nueva aproximación al concepto de la discapacidad, entendiendo la necesidad de la educación de la opinión pública.
Se crea así un nuevo rol para los Estados, de manera que debían establecer programas de servicios de rehabilitación, formación de personal para la rehabilitación, organización y financiación de los servicios de rehabilitación. En 1953 la Comisión Social muestra su interés por los programas dirigidos a la promoción permitan darles un papel independiente y productivo en la sociedad. [4] A partir de 1960 se revisan los aspectos legislativos y administrativos de los programas de rehabilitación de los Estados. Asimismo se estudian las instalaciones y los problemas urbanísticos, como las instituciones para la formación de profesionales en el campo de la rehabilitación y se toma mayor conciencia de la importancia de las nuevas estrategias de rehabilitación.

Al final de la década, en 1969, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social y afirma, entre otras cosas, las libertades fundamentales y los principios de paz enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. En el Artículo 19 se hace referencia a la prestación de servicios médicos, de seguridad social y de bienestar social para todos, con el objetivo de rehabilitar a las personas con capacidades físicos (incluye las mentales) diferentes, para facilitar su integración en la sociedad.

En la década de los años 70 , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la OIT, la UNESCO, la OMS, el UNICEF y el Fondo Mundial de Rehabilitación elaboran un programa con el fin de aumentar los fondos para la asistencia técnica en el campo de la rehabilitación. Igualmente se promueve la recomendación de que a los servicios de rehabilitación se integren con programas básicos de desarrollo de los servicios médicos, educacionales y de formación profesional, y en esos mismos años, se propone que las Naciones Unidas contraten mas personal con capacidades diferentes.

No es sino hasta 1971 cuando el 20 de diciembre la Asamblea General Naciones Unidas atiende las personas con capacidades mentales diversas y emite la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, y pide que se adopten medidas en todos los Estados para la protección de sus derechos. [1] Es en 1975 que se da un avance adicional al concepto de capacidades diferentes cuando en 1975, la Comisión para el Desarrollo Social recomienda la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas que impiden la integración social plena de las personas con alguna discapacidad física. [5] En diciembre de 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas, adopta la Declaración de los Derechos de los Impedidos, que obliga a que las personas con capacidades físicas diferentes deberán gozar de todos los derechos humanos reconocidos como tales, sin distinción o exclusión por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia.[2]


En 1976 se proclama 1981, el año de las personas con capacidades diferentes, proponiendo que ese año se dedicara a la integración plena de los discapacitados en la sociedad, y a la promoción de proyectos de estudio e investigación pertinentes para educar al público acerca de sus derechos
En la década de 1980 se llevan impulsan Congresos y otras actividades a nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar la integración de esta población en la sociedad y promover su adaptación física y psicológica. Se establecen comités nacionales en 141 países para mejorar las condiciones sociales y económicas, y sobre la ejecución de los programas, fomentando las políticas económicas y sociales de los Estados, y la adopción de decisiones y una legislación especializada que orientara la acción pública y de las personas con capacidades diferentes.[6] En mayo de 1981, la Comisión de Asentamientos Humanos aprueba una política que anima a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros a eliminar las barreras que dificultan o impiden la "participación plena" en todas las áreas de asentamiento humano.

Un avance significativo desde el punto de vista organizacional se dará en noviembre de 1981, cuando se realiza la reunión de Organizaciones de personas dependientes y con capacidades diferentes y otros organismos no gubernamentales internacionales en el Primer Congreso Fundacional de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, que tuvo como sede Singapur. 1983-1992 En Diciembre Naciones Unidas proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, la Asamblea General insta a los Estados Miembros a poner en práctica el Programa de Acción Mundial durante este Decenio en donde se estimaba que con esto se estaría beneficiando a un 20 por ciento de la población mundial de esa época, sufría de algún tipo de discapacidad.[7] No será sino hasta 1989, que se realiza otro aporte al concepto relativo a las capacidades diferentes. Así, la Asamblea General propone las Directrices de Tallin para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos[3].

Estos nuevos criterios reconocen a las personas con capacidades diferentes, como actores de su propio destino y no como objetos dependientes de los gobiernos u otras personas, e intentan lograr el desarrollo pleno del potencial y las capacidades de todos los individuos. El empleo se considera un medio para las personas discapacitadas para ejercer sus plenos derechos y lograr una vida con independencia, de forma efectiva.

El camino recorrido de la Declaración de Filadelfia a la Declaración de la OIT sobre el trabajo decente, relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998, no ha significado sin embargo una inclusión de todos los derechos humanos fundamentales de las personas excluidas del proceso de trabajo.

La Declaración de 1998 de la OIT sobre el Trabajo Decente y los derechos humanos relativos, tiene dos grandes vacíos conceptuales con consecuencias prácticas en las condiciones de vida y trabajo de las personas afectadas por las políticas de discriminación que conllevan discapacidad social y física.
No se incluyeron como derechos humanos fundamentales Los Convenios 102 de 1952, relativo a la seguridad social y que han ratificado todos los Estados centroamericanos, lo que sin duda debilita a los grupos mas excluidos y vulnerables, que no gozan de seguridad social. Este constituye un vacío de la Declaración sobre el Trabajo decente, que no incluye la Seguridad Social como parte del trabajo digno. Desde el punto de vista de los derechos humanos este es un desacierto de la Organización Inte4rnacional del Trabajo y una reversión en la vigencia de derechos esenciales y universales.

De esta manera más de la mitad de la población carece de una seguridad social para evitar la discapacidad social y la totalidad de la población, salvo meritorias excepciones, carece de protección social por condiciones de discapacidad física. Lo anterior a pesar de los esfuerzos mundiales, por al final prevalece un trabajocentrismo en todo el análisis de la OIT y las otras dependencias de las Naciones Unidas. Estas organizaciones han girado sobre su eje creando más institucionalidad pero la práctica de los derechos de las personas excluidas prevalece inalterada a pesar de las declaraciones de derechos. Así por ejemplo en 1991 se recomienda el nombramiento de un ombudsman internacional en materia de los derechos de los discapacitados.
La Asamblea General adopta en ese año los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. Un total de veinticinco principios definen las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos de las personas que padecen enfermedades mentales. La realidad de los reclusorios y hospitales mentales ha avanzado poco o nada en la realidad de nuestra región y esta temática no es un tema de discusión general de la sociedad que prefiere encerrar y discriminar a las personas no aptas para el trabajo asalariado. Otros mecanismos internacionales siguen siendo igualmente limitados, aunque han favorecido para hacer un poco mas visible el problema en referencia.

De este modo en 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas declara el 3 de diciembre de cada año Día Internacional de los Impedidos, y cierra con ello el Decenio de los Impedidos y compendia los objetivos de esta organización en la esfera de la discapacidad, buscando la integración plena de los discapacitados en la sociedad y animando a que en futuras conferencias de las Naciones Unidas se debatan cuestiones relativas a la discapacidad.
En ese mismo año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo hacen mención a la interdependencia del desarrollo sostenible social y medioambiental, y da especial importancia a la integración de todos los grupos sociales, incluyendo al de los discapacitados, en un plan general de desarrollo. El concepto de discapacidad se asocia al ambiente por primera vez, pero aun el discurso seguía siendo parcial por lo que un año después se crean las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Las Normas resumen el mensaje del Programa de Acción Mundial y establecen las condiciones previas para la igualdad de oportunidades. También se centran en lograr la igualdad de participación en diversas órganos de toma de decisiones .La Conferencia Mundial de Derechos Humanos examinó los instrumentos de derechos humanos reconocidos universalmente y adoptó la Declaración y Programa de Acción de Viena. La Conferencia reconoce que los derechos humanos y las libertades fundamentales tienen alcance universal y deben, por tanto, incluir sin reserva alguna a las personas con capacidades diferentes en lo físico, lo social y lo ecológico. Es en 1994 cuando la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebra en El Cairo. En ella se reconoce la importancia de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes.

Desde el punto de vista conceptual la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social tiene lugar en marzo en Dinamarca nos da por primera vez un concepto nuevo de desarrollo social equitativo e incluyente y aclara que si no es así, no existirá un verdadero desarrollo humano y económico-social.
Señala esta Cumbre que inclusive se pone en peligro la supervivencia de este proyecto de humanidad que vivimos bajo la égida del trabajo y la explotación de los recursos de la naturaleza[4]. Se adopta la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social[5]. Era la primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, que se reunieron los Jefes de Estado y de Gobierno para reconocer la importancia del desarrollo social y el bienestar de la humanidad y dar la máxima prioridad a esos objetivos frente al advenimiento del siglo XXI. Esta cumbre se visualizó como una reunión para fortalecer la esperanza, el compromiso y la acción para enfrentar la discapacidad social de los pobres y excluidos del desarrollo humano. En el Anexo I de la Declaración de Copenhague se admitía:” h) Las personas con discapacidad, en demasiados casos reducidas a la pobreza, el desempleo y el aislamiento social, constituyen una de las mayores minorías del mundo, mas de una de cada diez personas. Además, las personas de edad pueden ser particularmente vulnerables en todos los países a la exclusión social, la pobreza y la marginación. “Ese año la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer[6], centra su atención en cuestiones de género incluidas en el plan general de desarrollo.

Los aspectos relativos a la discapacidad se abordan en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que reconoce que las mujeres se enfrentan a diversos obstáculos para conseguir la igualdad plena y la promoción, por motivos tales como su discapacidad.
Señala la Declaración referida, “32.-se deberán- Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a todas las mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para su empoderamiento y su avance por factores tales como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o porque son población indígena,”para desarrollar al máximo el pleno potencial de las niñas y de las mujeres de todas las edades, y asegurar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todas las personas y promover su papel en el proceso de desarrollo. En esa época se tenía claro que el avance de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y no deben considerarse aisladamente como un problema de las mujeres.

Sólo después de alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres son indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos. Sin embargo el tratamiento en el plan de acción no puso énfasis ni prioridad alguna para las niñas y mujeres con capacidades diferentes. Sin lugar a dudas se han dado avances en este proyecto, pero las mujeres con capacidades diferentes siguen siendo doblemente excluidas en nuestra región, por su condición de mujeres y por su diferencia en la capacidad física y social.[8]

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, (Habitat II) celebrada en Estambul, Turquía, en junio de 1996, deliberó sobre la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización consideró las medidas de los gobiernos en favor de las personas con capacidades diferentes.


Lo anterior se da porque se tomo conciencia que las ciudades y los pueblos son centros de civilización y fuente de desarrollo económico y del progreso social, cultural, espiritual y científico y que la urbanización inclusiva constituye un desafío para la humanidad para garantizar la creación de un entorno mejor para todos.

Se indicaba en la Declaración de 1996 de manera expresa: “Propiciaremos el acceso sin restricciones de los discapacitados y la igualdad entre los hombres y mujeres en las políticas, los programas y los proyectos de vivienda y de desarrollo de asentamientos humanos sostenibles. Asumimos estos compromisos, en particular, ante los más de mil millones de hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza absoluta y ante los grupos vulnerables y desfavorecidos que se mencionan en el Programa de Hábitat.”

Veinte años después, la inaccesibilidad de las ciudades y del entorno rural, sigue siendo un reto y los gobiernos han olvidado su compromiso, adecuándolo a las posibilidades y políticas de estado, siempre excluyentes y demagógicamente inclusivas a nivel del discurso oficial y la institucionalidad creada a partir de ese discurso.
La realidad de los Derechos Humanos y de la correlativa discapacidad social fue muy bien resumida en un informe presentado por Kofi Annan, el secretario General de las Naciones Unidas[7]. Este trabajo del Secretario de Naciones Unidas planteó con tada crudeza un panorama de la situación mundial de la discapacidad social provocada por el deterioro del entorno mundial.

Los datos son abrumadores: 1,300 millones de personas viven en extrema pobreza, con ingresos menores a un dólar norteamericano diario. La población mundial actual es de 6,100 millones de personas y se calcula que para el año 2050 podría aumentar en un 50%, y alcanzar la cifra de 9,300 millones de habitantes.
Los niños son las principales víctimas de la degradación del medio ambiente. Las enfermedades causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados por bacterias provocan la muerte de 5,500 niños todos los días. Aproximadamente la mitad de los ríos del mundo están seriamente degradados y contaminados. La contaminación de los mares por las aguas residuales ha causado una grave crisis sanitaria. Se calcula que el consumo de alimentos contaminados provenientes del mar provoca 2 millones y medio de casos de hepatitis infecciosa al año, lo que causa 25,000 muertes y discapacidad a otras tantas personas. Más de 100 millones de personas carecen de agua potable segura. Las aguas contaminadas afectan la salud de 1,200 millones de personas y contribuyen a la muerte de 15 millones de niños menores de 5 años anualmente. 2,000 millones de personas carecen de energía, lo que las condena a seguir viviendo en la pobreza. Más de 1,000 millones de personas respiran aire contaminado y tres millones mueren anualmente por la contaminación del aire. De acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza, 11 mil 46 especies están en peligro de extinción en el mundo y 816 ya se han extinguido. El 70% de los arrecifes de coral está muriendo como resultado de la contaminación producida por las actividades humanas. El planeta pierde al año más de 7 millones de hectáreas de tierra cultivable debido a la degradación del suelo. La erosión del suelo causada por el agua, el viento y las sustancias químicas ha degradado severamente unos 2,000 millones de hectáreas: un área mayor que la de los territorios de Estados Unidos y México juntos. Alrededor del 15% de estas tierras han sufrido daños irreversibles. Se han perdido el 80% de los bosques que cubrían la Tierra. Cada año desaparecen 375 km2 de bosques, un área equivalente a la superficie de Grecia. Toda esta situación genera discapacidades diversas para grupos, poblaciones y nacionalidades.

La pobreza ambiental lleva a la pobreza generalizada y a las enfermedades sociales de la pobreza, entre las cuales está la dependencia y la discapacidad.

Mas del treinta por ciento de la población mundial sobrevive con una discapacidad física, y una de cada tres personas que habitan no tienen acceso a la seguridad social ni a un entorno aceptable, lo que constituye una amplia mayoría sujeta a la discapacidad social.
Con una visión optimista, frente a esos datos aun podemos afirmar que las conferencias mundiales han conseguido impactos positivos a largo plazo logrando el establecimiento de normas y directrices internacionales para la política nacional. La divulgación de derechos y la evolución de conceptos relativos a derechos humanos esenciales, así como la existencia de foros mundiales pueden también entenderse como avances. Ahora se pueden debatir propuestas y compromisos de los gobiernos, que por lo menos formalmente rinden cuentas de forma regular a las Naciones Unidas.

La pregunta sigue siendo: ¿ si la capacidad creadora y la alternativa humana se va a imponer sobre la capacidad destructora y de discriminación de derechos que posee la globalización?. Las empresas transnacionales y la estructura de poder mundial prevaleciente, que ha reducido la labor normativa de Naciones Unidas a una labor declarativa y poco eficiente.
La Cumbre del Milenio, ofreció a los pueblos del mundo una oportunidad única de reflexionar sobre su destino común en un momento en que se encuentra más interrelacionado. Los líderes mundiales prometieron sacar a centenares de millones de personas de la pobreza extrema para el año 2015. Esta promesa puede hacerse realidad, pero sólo si los países pobres adoptan un amplio abanico de reformas y si las naciones ricas reaccionan ofreciendo mejores condiciones comerciales y más ayuda, según se desprende del Informe sobre el Desarrollo Humano 2003 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Un primer factor es el desconocimiento del bloque de legalidad existente para este sector por amplias mayorías de las personas con capacidades diferentes. El segundo aspecto es un sistema legal que no ha creado mecanismos eficientes de reconocimiento y aplicación de derechos. Únicamente la Sala Constitucional ha jugado un papel en este aspecto, pero la institucionalidad de la propia administración pública se las ingenia para evadir la aplicación de sus sentencias que son erga omnes. El sistema judicial lento y tortuoso hace inaplicables las leyes constitucionales y el marco jurídico complementario que hace las leyes prácticamente inaplicables. Se agrava lo anterior cuando no existe un marco sancionatorio eficaz por violación de la normativa existente, ni siquiera en lo relativo a derechos humanos esenciales como el derecho a la movilidad, la educación y la salud. Finalmente, la debilidad de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares es deficiente y aun muy débil para ejercer presión sobre el aparato del Estado. Al final, las Personas con Discapacidad poco se han beneficiado de una atención complementaria y especial, ni han gozado de igualdad de oportunidades en los términos establecidos en los Convenios Internacionales y ley 7600.


No existe en la población una tradición fuerte de ejercicio de los espacios de la democracia política. De manera reciente está aumentando la participación y los conocimientos sobre los asuntos y decisiones de los órganos del Estado que les conciernen y afectan. Hasta ahora ha sido una falacia hablar de participación de las personas excluidas en la sociedad civil y politica. Las personas que han sido discapacitadas por la sociedad política siguen siendo representadas por los mismos funcionarios , partidos políticos excluyentes y grupos de interés..






Fundación Witaicon:
Presidente: Luis Mallma
Vice-Presidente: Lino Budiño
Secretario: Frank Ulloa
Web master: Galo Budiño
Capitulo argentino: Salta 4334. (7600)Mar del Plata. Argentina.
http://www.fundaciónwitaicon/
Capitulo costarricense: Puntarenas, Costa Rica. Fax. (506)262-50-67
www.observatoriomesoamericano@gmail.com.
ANEXO:
Convenios del Sistema de las Naciones Unidas:
Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo. (Convenio 159 de la OIT). Adoptado el 20 de junio de 1983
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Resolución 26/2856 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971.
Declaración de los Derechos de los Discapacitados. Resolución 30/3447 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 (originalmente conocida como “Declaración de los Derechos de los Minusválidos).
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud. Resolución 46/119 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1991.
Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993.
Otras Recomendaciones y Resoluciones:
Recomendación sobre la Adaptación y Readaptación Profesionales de los Inválidos. Emitidas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 1o de junio de 1955.
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Resolución 37/52 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982.
Instrumentos de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 de noviembre de 1988. Este establece en su artículo 18, el derecho de las personas discapacitadas “a recibir atención especial con el fin de alcanzar el máximo”, comprometiendo a los países a adoptar medidas necesarias para el logro de ese propósito.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en ciudad Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999.
Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción (ratificada el 24 de septiembre de 1998). Se destaca la ratificación de este convenio debido a que antes de que las minas fueran removidas por personal militar internacional especializado, las minas antipersonales causaron muchas lesiones discapacitantes y víctimas mortales.
Otras Recomendaciones y Resoluciones del Sistema Interamericano.
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud. Resolución 1249 (XXIII.093) sobre la situación de las personas discapacitadas en el Continente Americano.
Resolución sobre la situación de los Discapacitados en el Continente Americano. Resolución 1356 (XXV-095)
El “Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”. Resolución 1369 (XXVI-096).
Declaración a nivel de Centroamérica.
Declaración de Managua, adoptada el 5 de junio de 1992, en el marco de la Cumbre Presidencial de la XII Cumbre Centroamericana de Presidentes. En este acuerdo se aprobó la creación de un Consejo Regional y Consejos Nacionales para la atención del menor con discapacidad, los cuales serían integrados por un consejo consultivo y un consejo técnico.
[1] El concepto retrasado mental proviene de los organismos de Naciones Unidas y de su correlativa Declaración.
[2] Año de los Impedidos, en lenguaje original de Naciones Unidas.
[3] El lenguaje es el original.
[4] 1995
[5] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Aprobada en la 14a sesión plenaria, celebrada el 12 de marzo de 1995
[6]Celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.
[7] Marzo del 2002
[1] Elaborado por PGR. Frank Ulloa Royo. Diciembre 2006.
[2] El artículo 25 de la Declaración sostiene que toda persona tiene "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
[3] Estos dos Convenios desarrollan y completan el dispuesto en la Declaración Universal, y los tres instrumentos juntos conforman lo que ha venido a conocerse como la Carta Internacional de Derechos Humanos.
[4] En 1956 aparece la publicación Internacional Social Service Review para concienciar a la población acerca de los asuntos relativos a la discapacidad y para fomentar el desarrollo de programas de rehabilitación en todo el mundo.
[5] El 6 de Mayo el Consejo Económico y Social adopta la resolución 1921 (LVIII), en materia de prevención de la incapacidad y rehabilitación de los impedidos. Vigésima cuarta sesión de reuniones.

[6] En 1981, se celebran importantes reuniones, El Simposio Internacional de Personas Discapacitadas se celebra del 27 de septiembre al 4 de octubre en Trípoli, en la Jamahiriya Árabe Libia; el Simposio Mundial de Expertos en Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y Asistencia Técnica en Prevención de la Incapacidad y Rehabilitación de los Discapacitados tiene lugar en Viena, Austria, del 12 al 23 de octubre; la Conferencia Mundial sobre Medidas y Estrategias relativas a la Educación, Prevención de la Incapacidad en Integración de los Discapacitados se celebra en Torremolinos, España,( UNESCO). El UNICEF hace llegar una campaña de vacunación a más de 5 millones de niños para disminuir la incidencia de las enfermedades que producen discapacidades.
[7] En 1984 el Secretario General informa de que una media de un 20 - 25 por ciento de la población de los países en desarrollo sufre algún tipo de discapacidad, y que aproximadamente de 350 a 500 millones de personas discapacitadas viven en zonas donde los servicios son insuficientes.
[8] Así lo notamos, en Para lograr este fin, se exhorta a los Gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad civil, inclusive las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas estratégicas en las siguientes áreas de especial interés: - La persistente y creciente carga de pobreza que afecta a las mujeres. - La falta de acceso, las desigualdades y las carencias en la educación y la formación. - La falta de acceso, las desigualdades y las carencias en materia de salud y servicios relacionados. La violencia contra las mujeres. - Las consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres, incluidas las mujeres que viven bajo ocupación extranjera. - La desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todas las formas de actividad productiva y en el acceso a los recursos. - La desigualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones a todos los niveles. - La falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el avance de las mujeres. - La falta de respeto, promoción y protección de todos los derechos humanos de las mujeres. - Los estereotipos sobre las mujeres y la desigualdad de acceso y participación de las mujeres en todos los sistemas de comunicación. - La persistente discriminación contra las niñas y la violación de sus derechos.


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