martes, 29 de mayo de 2007

Derechos Humanos o libre explotacion humana

¿Cuál debe ser el modelo de desarrollo?



Frank Ulloa Royo

"Los Derechos Humanos son un problema global por los que se debe seguir luchando, una lucha que es la de servir la vida a partir de los que tienen menos medios de vida. El ser humano es la propia Tierra que en un momento de su evolución empezó a sentir, a pensar, a amar. Nosotros somos Tierra, no estamos sobre el planeta Tierra, somos la propia Tierra, que piensa, que ama… “L. Boff.

¿Acaso es posible seguir hablando de derechos humanos en un mundo globalizado y en de se ha pretendido eliminar el sistema de control de los derechos humanos y sustituirlos por tratados de comercio?
¿Que va a pasar con el derecho a la alimentación, el derecho humano al agua, cuales limites ecológicos va a tener la acción depredadora del capital transnacional?
Desde la revolución burguesa en Francia en 1789 hasta los siglos XIX y XX las luchas de la clase obrera establecen la pauta para consolidar las ideas fundamentales relativas a los derechos humanos. Algunas de estas ideas han sido consolidadas, otras olvidadas, y las más esperan un turno en la historia. En este resumen hemos querido referir aspectos de la explotación de una clase hacia otra, como gestora de la violación por unos de los derechos de otras y otros, en el nuevo entorno que ahora se nos propone y eso no debe olvidarse.
Los derechos humanos tienen un sustento en la lucha social. Luchadores y luchadoras del movimiento social aportaron ideas importantes sobre las condiciones básicas para que la convivencia y el trabajo se humanizaran. Grandes temas están detrás de la lucha por la conquista de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos. La lucha contra la esclavitud y la guerra, por los derechos de la mujer, por la eliminación de la pobreza, la educación, la eliminación del trabajo infantil, por el desarrollo humano y la paz.

Los trabajadores enfrentaron el capitalismo en el siglo XX con una propuesta de derechos básicos para los niños, las mujeres y los grupos históricamente vulnerados. Se completaba la estrategia de la Asociación Internacional de Trabajadores con el proyecto de paz que suponía la lucha contra los ejércitos. Completaba la propuesta la reducción de la jornada de trabajo, un sistema de salud pública y seguridad social y el reconocimiento de los sindicatos como gestores del desarrollo humano. El movimiento obrero internacional se dividió cuando no pudo enfrentar las guerras, en las que al final los trabajadores eran las principales víctimas en ambos bandos combatientes. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado se crea la Organización Internacional del Trabajo, que va a ser pionera en la consolidación de los derechos humanos en el mundo del trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial serían las Naciones Unidas las que proponían un modelo de humanización planetaria al hacer universales los derechos humanos.

La Globalización- y en especial el TLC han pretendido eliminar la propuesta de un mundo con derechos para todos y todas sin exclusión, inclusive como modelo teórico propuesto por las Naciones Unidas a partir de 1948 en la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Se quiere cambiar un mundo con derechos para todos- Metas de Milenio- por una visión de capitalismo liberal planetario, en donde solo gobierne la vieja mano invisible, que hasta ahora solo ha favorecido el enriquecimiento de unos pocos, el pensamiento único y está llevando a la destrucción del propio planeta peligrando inclusive la sobrevivencia de la propia especie humana por la acción de un grupo humano parapetado detrás de un capital transnacional. Este grupo de poder se aparece cada vez más guerrero e irracional. Sus acciones, a su vez generan respuestas de esa misma naturaleza y magnitud, en la forma del terrorismo contemporáneo, o de inmolación y genocidio. [1]


La globalización de la economía se ha convertido también en una ideología dominante en nuestros países y sus efectos ambientales y antropológicos acentúan la fragmentación de la sociedad, produciendo mayor desestructuración de la igualdad y la dignidad de la personas. Incluye un nuevo mito, el de los ganadores y perdedores. Clase ganadora y clase perdedora, si ustedes quieren. Los efectos se dejan sentir con intensidad en los grupos más pobres, vulnerables e indefensos, sin dejar de afectar seriamente todo lo logrado en el mundo del trabajo durante el siglo anterior. El neo-liberalismo ha atacado de manera directa y sin sonrojo los derechos humanos relativos al trabajo, a las libertades sindicales y de negociación de las condiciones de trabajo, que los ve los derechos humanos como impedimentos a la globo-explotación. Los sindicatos, los grupos ambientalistas, las organizaciones de mujeres y de otros grupos que luchan por los derechos humanos y la sobrevivencia de las especies, son los que de una manera desigual enfrentan el hedonismo capitalista y constituyen la última frontera para conservar un planeta habitable, digno y en paz.
De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, las directrices generales del concepto de derechos humanos pueden definirse como los derechos inherentes a la naturaleza humana, sin los que no es posible coexistir. Los derechos humanos y las libertades fundamentales deberían permitir la humanidad, con el desarrollo pleno y el uso de las cualidades y potencialidades humanas. La propuesta del desarrollo capitalista parece estar agotada por ser excluyente de los derechos humanos y de los derechos de las demás especies del planeta. También se ha agotado el modelo por estar hipotecado el desarrollo social a una deuda externa impagable, sobre todo, porque se paga con el menoscabo de la vigencia de derechos universales.

Los instrumentos internacionales aquí descritos tienen medios propios de control por parte de Naciones Unidas. La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha preparado indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos: que constituye un marco conceptual y metodológico solicitado por los presidentes de los órganos creados en virtud de los más diversos tratados de derechos humanos. Así se crearon indicadores cualitativos y cuantitativos del desarrollo humano. Además existen informes del cumplimiento de los derechos humanos de diversa naturaleza. Inclusive hay naciones que se consideran a si mismas censores de derechos humanos y elaboran sus propios informes. Sin embargo la realidad de derechos humanos avanza de manera demasiado lenta. A veces parece que retrocede y el tema parece desgastarse en un círculo de impunidad y cinismo.
Los informes sobre el desarrollo humano apenas si son conocidos por las mayorías que no están organizados para defenderse a si mismas. Además el agente que más viola los derechos humanos es el Estado que dice representarlas. Antes luchábamos contra las empresas transnacionales, los dueños de latifundios, y el Estado era una instancia jurídica de protección. Hoy lo es cada vez menos.

Un Estado privatizado, reducido, amarrado por los compromisos comerciales internacionales, violenta muchos derechos. El derecho a la vida resume todos ellos porque es el directamente afectado. El derecho a vivir incluye los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a las garantías sociales de los niños, ancianos, y eso no solamente en los países periféricos, también en los desarrollados. Las mujeres que constituyen la mitad de la población son uno de los grupos humanos mas discriminados..[2]

Los avances en la normativa de derechos humanos se pueden valorar por las disposiciones constitucionales y su vigencia. Otro indicador importante es la ratificación, a veces poco elaborada que nuestros países hacen de los instrumentos internacionales de derechos humanos. A veces suscriben Declaraciones que nunca se traducen a la legislación y las practicas nacionales. En algunos campos como la protección del ambiente esto se hace muy evidente. Estos tratados de derechos humanos vienen a reformar el ordenamiento jurídico por la aplicación en las sentencias y la jurisprudencia ordinaria y constitucional de los países de sus principios y normas. Los derechos universales deben ser reconocidos como propios por cada País.

En Costa Rica, por una Sentencia de la Sala Constitucional, que señaló que en ciertas circunstancias los convenios y tratados en materia de derechos humanos están jerárquicamente por encima de la Constitución, es decir, que tienen una jerarquía superior a la Constitución costarricense parecía que se les avalaba para producir cambios en la interpretación de la propia constitución, pero resultó ser una ilusión mas y ahora han retornado a la supremacía de la constitución sobre los tratados de derechos humanos, por lo menos en materia laboral. Decía textualmente la sentencia: “como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente valor similar a la Constitución Política, sino en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas priman sobre la Constitución” [3]. Sin embargo, esta sentencia no ha sido considerada en otras resoluciones de esa misma Sala Constitucional, que ha destruido de manera directa la protección de los derechos humanos colectivos relativos al trabajo, especialmente los relativos a las libertades sindicales y a la negociación colectiva. Inclusive por esa vía se han atrevido a derogar artículos negociados en Convenciones Colectivas que amplían derechos humanos. Vamos a ver que hace la Sala , como va a contrastar este Tratado de comercio RD-CAFTA con los invaluables compromisos de derechos humanos que nuestros países han adquirido.
Al final, adonde queda el discurso de la superioridad de los derechos humanos sobre los paradigmas constitucionales que los limitan en su ejercicio. Este parece tan solo ser un logro de discurso que promueve en el imaginario de los costarricenses. Los derechos humanos se respetan y se protegen por la vía de la aplicación institucional. Esta aceptación debe ser integral y no limitada a algunos derechos individuales, o a los limitados compromisos de nuestros países con la OIT que atiende solo derechos básicos.

El sistema judicial de protección de derechos humanos adolece de falta de sistematicidad y de una estructura regional adecuada. No es posible que una sola oficina judicial sea quien vele por la protección de los derechos constitucionales, que están en relación franca y directa con la protección de los derechos universales. [4]En algunas ocasiones contrapone valores liberales de una Constitución de más de cincuenta años a derechos reconocidos universalmente. Esto ha ocurrido con los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Más aun, la Sala ha sido incapaz de auto-revisar la vigencia de los derechos humanos en materia de administración de justicia, que imponen obligaciones a los estados no solo en aspectos éticos y de carrera judicial, sino de eficiencia en la protección del derecho de defensa de los derechos humanos. La mora judicial debe interpretarse como una violación a los derechos humanos, especialmente los que garantizan una justicia pronta e igualitaria. En Costa Rica la mayoría de los juicios laborales adolecen de asistencia letrada y el costo de los procesos recae sobre los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. En materia penal hay serias deficiencias. Una de esta es el poco financiamiento para los órganos de Administración de la Justicia Penal, a pesar de que se han ratificado Tratados internacionales que imponen obligaciones al Estado costarricense.

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En un documento aparte comento una selección de más de cien instrumentos internacionales de Naciones Unidas, que resumen los derechos que la humanidad consignó en un siglo de conflicto y síntesis, tiene como un sentido educativo y divulgativo.
Los resúmenes y comentarios breves no sustituyen la riqueza de las propias Declaraciones, Convenios, Protocolos y Resoluciones de Naciones Unidas. La simple lectura de aquellos nos hace pasar por grandes luchas, algunas de las cuales han cambiado de escenario político de manera notoria. Así la lucha contra la esclavitud y por la liberación de los pueblos y naciones cambió el mapa de explotación pero ha dejado secuelas en esos países, y aun prevalecen forma de esclavitud y trabajo forzoso y pobreza generalizada. La otra cara de esta moneda son las migraciones. Desde el subdesarrollo a las metrópolis, las sociedades se debaten entre construir muros o favorecer el proceso de desarrollo humano en todos esos países.


Es por lo anterior que hoy más que nunca, hay que rescatar el mensaje de los Instrumentos internacionales de derechos humanos y el papel de los Estados autónomos en el desarrollo humano integral. Solo un estado autodeterminado,-vieja consigna reconocida por Naciones Unidas frente al colonialismo- que pueda fijar sus propias políticas, sustentado en los valores culturales nacionales, regionales y universales, en la tradición y la historia de libertad y desarrollo humano, puede garantizar una lucha coherente contra la pobreza y por el desarrollo. Este estado puede entrar en alianzas regionales de complementariedad. Aun es posible el apoyo mutuo entre estados independientes para promover la inversión, el trabajo digno, la enseñanza, la salud, y en general, condiciones de vida decentes para las mayorías. El estado puede además, como expresión de los valores políticos, establecer las líneas fundamentales de la economía nacional y de un desarrollo endógeno.

Los Estados contemporáneos en la segunda mitad del siglo se han apresurado a admitir los principios de la Declaración Universal, pero los han matizado. Esto no parece eximirlos la responsabilidad en la preservación de los Derechos Humanos y en su obligación d darles una verdadera universalidad.
Solo el Estado, como instancia jurídica puede garantizar la vigencia de los derechos humanos. Un Estado puede imponer límites a la destrucción del ambiente en su propio territorio y apoyar la lucha de la humanidad por la vida de todas las especies. El derecho es un mecanismo de transformación y cambio social o es una herramienta para obstruir el desarrollo humano en nombre de la colectividad. De alli la importancia del ejercicio de los derechos de ciudadanía por las mayorías, normalmente excluidas, a quienes exclusivamente se les deja el derecho de votar, y simular así una representatividad y legitimidad de quienes dirigen el Estado.

Entonces, ese estado debe representar además a los grupos históricamente excluidos, a los indígenas, a los negros, a las mujeres con nuevas reglas del juego, sustentándose en la universalización de los derechos humanos. Así por ejemplo, los instrumentos internacionales le asignan al estado un papel trascendental en hacer realidad desde el poder social jurídicamente organizado, los derechos de las personas con discapacidad de las personas menores, de los adultos mayores, que por su fragilidad son muy vulnerables. Sin embargo cuando un Estado no es representativo de las mayorías, es excluyente y los golpea de forma rutinaria. Es el propio estado, como expresión legal del poder quien discrimina impidiéndoles que esos derechos tengan expresiones prácticas quedándose en un discurso vacío y fatuo.
En el RD CAFTA se trasladan funciones esenciales del Estado a un organismo supranacional de Ministros de Comercio. Esto no solo es violatorio de las propias constituciones sino de los compromisos que nuestros países adquirieron para luchar con la pobreza, el analfabetismo, el hambre y generar sociedades dignas.

Los ciudadanos y ciudadanas, sus organizaciones tambien son reconocidos por numerosos convenios como representantes legítimos de sus naciones. Esto está siendo irrespetado porque fueron excluidos de todo el proceso de negociación primero, y de su ejecución después. Estos grupos y organizaciones deben tener espacios de poder en ese Estado de de las mayorías. Las mujeres han logrado que cada vez más se expresen y realicen sus derechos. La lucha de la mujer, que sin duda ha avanzado en el último siglo y nos da una pauta para que otros sectores hasta ahora excluidos, superando la subordinación, en el nivel cultural e ideológico puedan obtener mayores espacios de representatividad. En este modelo quedan entre3 las perdedoras.En la década de los años 90, Amnistía Internacional hizo una fuerte denuncia: “Lo peor de Iberoamérica y el Caribe es ser pobre, mujer, menor y negra o indígena. Cada año mueren en todo el mundo un millón de niñas sólo por el hecho de haber nacido mujer. Las mujeres son las víctimas invisibles de la década de 1990”.[i] Copmo seràn los informes cuando la accion de las transnacionales se intensifique en nuestro medio, quien va a controlar su accionar, con que recursos

Los derechos humanos de la mitad del mundo han sido relegados y sustituidos por comercio-.En la respuesta histórica que dan las mujeres encontramos dos elementos claves para la liberación: asociación y protagonismo en el movimiento social. Los derechos vienen como consecuencia de la lucha y es allí donde se conocen y se consolidan.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993 reiteró su responsabilidad de hacer respetar los derechos humanos en su conjunto por considerar que son “indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”. Sin embargo, catorce años después, la negación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, las crecientes desigualdades frente a los administradores de justicia, y el hecho de que los gobiernos no hayan reducido de modo significativo el número de personas que viven en la pobreza extrema son algunos de los problemas de derechos humanos que determinan la calidad de justicia. Como señala Boff: “dentro del sistema imperante no hay posibilidad, porque es contradictorio al sistema de mercado socializar y democratizar los bienes. Los conflictos por ello se hacen cada día más fuertes y obligan a pensar primero que hay que cambiar el paradigma porque el fenómeno de la globalización exige otro, y una gobernancia mundial mínima, que es el papel de la ONU, que fue atacada y debilitada por no asumir su tarea fundamental de ser el centro coordinador de causas que son comunes a la humanidad.”

Hoy, no bastan las denuncias de la violación de los derechos humanos a nivel político o institucional. El tiempo se agota para propuestas que no lleven a profundas transformaciones que permitan la sobrevivencia humana. Aun queda la oportunidad para que todos y todas recapacitemos. El ambiente, el agua el aire como derechos humanos deben ser preservados para todos. Requerimos un nuevo estado social de derechos humanos y ambientales. Los sistemas jurídicos y la judicialización burocrática, tiene serias limitaciones. Los sistemas judiciales han sido también perneados por la visión neo liberal de los derechos humanos que ve las garantías ambientales, sociales y económicas como obstáculos a la acumulación de riquezas y a la inversión de las transnacionales.
El Derecho a la Vida es un principio básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que resume el avance del ethos de la humanidad a mediados del siglo XX. El Derecho a la Vida es el valor más importante acuñado por los seres humanos y deberla extenderse como un derecho de toda la especie humana. Entonces seria verdaderamente un derecho inalienable que nadie puede otorgar o quitar. La vida humana no es un privilegio que se pueda otorgar como premio o quitar como castigo. Quien quita la vida a otro ser humano ofende toda la especie y la dignidad humana, que deriva de la capacidad de sobrevivir éticamente. El respeto a la vida supone además el respeto a la naturaleza. Cuando destruimos la naturaleza ponemos en peligro la especie humana. [5] Quien declara la pena de muerte a la naturaleza le quita vida a todos los seres humanos. Algunos se sienten con derecho a hacerlo desde el Estado, en nombre del mercado y el progreso y trayendo algunas citas bíblicas en su apoyo. Esta concepción lleva a un replanteamiento del delito de genocidio, y desarrollar la temática del geocidio –muerte del planeta- . Son temas derivados de la nueva concepción que debemos darle al derecho a la vida. Los seres humanos deberán incorporar a su ética el respeto a la hermana agua, al hermano sol, a la hermana tierra.[6]
La defensa del principio del derecho inalienable a la vida requiere de una mayor coherencia, aplicándolo a todos los campos de la realidad humana. En estos momentos el derecho a la vida no puede sustentarse en la ideología liberal ni en las ambiguas corrientes cristianas. De todas ellas podremos extraer conceptos básicos, pero es a los seres humanos del siglo XXI a quienes les corresponde poner los pies en una ética que permita la sobrevivencia humana.
Sostuve recientemente en un seminario que el derecho a la vida de la especie está en juego. Que había que adecuar el concepto del derecho a la vida al geocidio que puede producirse por el violento cambio climático-resultado del consumo y la explotación racional en beneficio de una minoría-. No era ninguna novedad después del informe climático mundial dado por los científicos en Paris en el 2007.

La vida es el derecho humano esencial que destruye la inversión extranjera libre de toda traba de derechos humanos que limiten su accionar. Se pone en juego la vida cuando se sobrepone el derecho de propiedad a la vida misma. No otra cosa es el afán de patentar hasta el conocimiento nativo, las semillas y la propia vida. A eso le llaman patentes, es decir propiedad sobre conocimientos, aunque eso afecte la salud de las mayorías, la posibilidad de producir de los campesinos, y el acceso a la educación de millones de personas. Por ejemplo en los tratados de comercio se quiere patentar la propiedad intelectual sobre medicamentos sin equilibrar estas patentes con el derecho a la salud de todos. Se crean tribunales arbitrales -de legalidad -exentos de cumplir los derechos humanos porque tienen el mismo rango que los derechos comerciales, el derecho a vivir con salud quedará como algo a lograr. La legalidad tiene que ser la del bien común y no la legalidad de los propietarios de patentes exclusivamente.

La sociedad no puede accionar contra las transnacionales en los organismos que se crean. Adonde quedan los procedimientos de defensa de los derechos humanos, que fueron excluidos. ¿Como afecta este Tratado RD-CAFTA la hachón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Los otros mecanismos de defensa administrativa de derechos como los defensores de Pueblo o de los Ciudadanos se quedan muchas veces en propuestas voluntaristas, con lo cual se reducen el respecto a los Derechos Humanos por los grupos que detentan el poder. Los dirigentes sindicales y sociales que también son defensores de su Pueblo, necesitan contar con herramientas activas y creativas para poder demostrar que los Derechos Humanos no son una ficción o una alegoría. Hemos dividido el estudio de los instrumentos internacionales en diecinueve capítulos temáticos, que en gran parte coincide con la elaboración que ha realizado la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ahora mas que nunca deben divulgarse estos derechos de la forma más amplia por parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Solo así podrá existir un control de la sociedad civil sobre el Estado para que efectivamente cumpla con sus ciudadanos y ciudadanas.
Un nuevo estado supone un nuevo poder judicial democrático, que redistribuya justicia para todos, que coadyuve a universalizar derechos. La mayoría de las objeciones habituales para darles vigencia a los derechos humanos, - políticos, económicos y sociales- están en un sistema judicial retardatario, que asume los derechos de los opresores como propios del Estado. La mejor manera de hacer respetar los derechos económicos, sociales y culturales es defender cada día y cada vez, los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política, porque en un sistema abierto y democrático los ciudadanos estarán capacitados para lograr que se satisfagan sus necesidades básicas y hasta de controlar los excesos y corrupción de la estructura estatal. Sin embargo, las libertades políticas por si solas no garantizan la justicia social. Hasta ahora los sistemas de administración de justicia han servido como cobradores de cuentas de los comerciantes y para ser el brazo ejecutor de la vindicta pública. Han sido útiles a la administración de la seguridad jurídica de los propietarios. En un modelo de vigencia de derechos humanos le corresponderá también administrar justicia. El cumplimiento de las garantías para procesos judiciales justos para todos y todas, implica necesariamente altos costos, y asistencia legal que hoy se les trasladan a los pobres, a los trabajadores y trabajadoras. Allí son excluidos en cualquier intento de encontrar justicia. Los recursos y otros factores culturales, y hasta los mitos relativos a la corrupción de los jueces, hacen difícil que los tribunales apliquen y hagan cumplir los derechos económicos y sociales. Entonces se impone una sublevación del sistema de justicia, para universalizarlo. Lo anterior porque es harto conocida la falacia de la neutralidad de los jueces. Los jueces deben estar formados en la integralidad los derechos humanos, no solo en los paradigmas de la globalización, la división de poderes y las falacias de la representatividad en unos pocos de la totalidad humana de una nación. El RD-CAFTA limita la acción de los Estados en materia de administración de justicia.
Sin lucha social los derechos humanos son letra muerta. Si los derechos humanos no tienen fuerza jurídica real se extinguen. Asimismo que para proteger los derechos económicos y sociales se necesitan recursos ideológicos y organizativos, puestos a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Espero que este trabajo ayude a fortalecer la lucha ideológica de las mayorías que hoy son discriminadas. Pretendemos que los lectores comunes, los defensores cotidianos de los derechos humanos tengan a mano una herramienta de fácil acceso, para mejorar su conocimiento de derechos humanos. Las organizaciones deben tomar un nuevo protagonismo y alzar su voz. Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil deben continuar siendo escuelas de derechos humanos. Este trabajo pretende colaborar en la divulgación de los derechos históricamente conquistados, en un momento de regresión social y humana que tiene que terminar algún día de estos, porque soplan aun vientos de humanidad.
[1] Así es como llegamos a que el 20% más rico de la población mundial controla el 86% del PBI mundial y el 20% más pobre sólo el 1% del PBI mundial. Pero el llamado “pensamiento único” que desprecia toda protección social y todo mecanismo que no sea la lógica darwinista de la supervivencia en el mercado, contribuye a agravar las desigualdades norte/sur y dentro de cada país en la tercera y más penetrante globalización.
[2] Leonardo Boff, teólogo y escritor: "La Globalización debe tener rostro humano". El Mercurio. Chile. 11 marzo 2007.
[3] Sentencia No. 2313-95 de 16:18 horas del 9-V-1995, Considerando VI, que recuerda además una anterior, No. 3435 y su aclaración No. 5759-93.
[4] Las declaraciones, derechos y garantías que proclama la constitución en materia laboral y de protección del trabajo han sido entendidos en materia laboral por la Sala Constitucional, como negación de otros derechos y garantías originados en la capacidad normativa originaria de los constituyentes, propia de la forma republicana de gobierno en una sociedad capitalista de partidos políticos hegemónicos.

[5] Si es el Estado el que impone la muerte como pena y la ejecuta; esta decisión lo convierte en transgresor y su efecto alcanza a toda la sociedad, en la medida en que los legisladores, jueces, Presidente de la República, son representantes de su pueblo, en principio hace partícipes de esa decisión a la comunidad que representan. Toda la sociedad carga con el peso de esa muerte, en eso se escudan.

[6] Francisco de Asís. Cántico a las Criaturas.

miércoles, 23 de mayo de 2007

GLOBALIZACION DEL TERROR

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
Prologo Informe 2007
El pasado mes de septiembre, en un campo provisional en las afueras de El Jeniena, en la región sudanesa de Darfur, escuché a una mujer describir el ataque perpetrado contra su pueblo por la milicia respaldada por el gobierno. Murieron tantos hombres que no quedó ninguno para enterrar a los muertos, y las mujeres tuvieron que realizar esta luctuosa tarea. Escuché a muchachas a quienes sus propias comunidades habían abandonado después de que las violaran miembros de la milicia. Escuché a hombres que habían perdido todo, excepto su sentido de la dignidad. Eran personas corrientes de extracción rural. Quizá no entendieran las sutilezas de los “derechos humanos”, pero conocían el significado de la palabra “justicia”. No podían entender por qué el mundo no hacía algo para remediar su difícil situación.
Era un ejemplo más de la mortífera mezcla de indiferencia, deterioro e impunidad que caracteriza hoy el panorama de los derechos humanos. Los derechos humanos no constituyen sólo una promesa incumplida, sino también traicionada.
Señalemos, por ejemplo, la incapacidad de pasar de la retórica a la práctica en materia de derechos sociales y económicos. A pesar de las promesas recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, según las cuales toda persona tendrá derecho a un nivel de vida adecuado y a disponer de comida, agua, techo, educación, trabajo y asistencia médica, más de mil millones de personas carecen de agua no contaminada, 121 millones de niños no van a la escuela, la mayoría de los 25 millones de personas con VIH/sida en África no tienen acceso a asistencia médica y medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto. La delincuencia y la brutalidad policial también afectan más a los pobres.
En septiembre del año 2000, dirigentes de todo el mundo adoptaron la Declaración del Milenio –que tenía como tema central los derechos humanos– y establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que se fijaban metas concretas y viables para 2015. Estas metas se ocupan de cuestiones como el VIH/sida, el analfabetismo, la pobreza, la mortalidad infantil y materna y la ayuda al desarrollo. Pero los avances en la realización de los objetivos han sido exasperantemente lentos y de una insuficiencia desoladora. No podrán conseguirse sin un firme compromiso para con el respeto igualitario de todos los derechos humanos, tanto los económicos, sociales y culturales como los civiles y políticos.
Resultan sorprendentes la indiferencia, la apatía y la impunidad que permiten que persista la violencia contra millones de mujeres. En países de todo el mundo las mujeres sufren múltiples formas de violencia, como la mutilación genital, la violación, los malos tratos a manos de sus parejas y los homicidios en nombre del “honor”. Aunque gracias a los esfuerzos realizados por los grupos de mujeres existen en la actualidad leyes, políticas, tratados y mecanismos internacionales concebidos con el propósito de protegerlas, estos instrumentos siguen sin estar a la altura de las circunstancias. Además, existe un peligro real de que se produzca una reacción violenta contra los derechos humanos de las mujeres por parte de elementos conservadores y fundamentalistas.
Los derechos humanos de las mujeres no son la única víctima del ataque contra los valores fundamentales que está sacudiendo el mundo de los derechos humanos. A este respecto nada ha sido tan perjudicial como los esfuerzos del gobierno estadounidense para atenuar la prohibición absoluta de la tortura.
Amnistía Internacional publicó en 1973 su primer informe sobre la tortura. En él se decía lo siguiente: “[L]a tortura prospera con el secretismo y la impunidad. Levanta cabeza cuando se eliminan las barreras jurídicas contra ella. Se alimenta de la discriminación y el miedo. Gana terreno cuando no es absoluta su condena oficial”. Las fotografías de detenidos bajo custodia estadounidense en Abu Ghraib (Irak) demuestran que lo que era verdad hace 30 años sigue siéndolo en la actualidad.
A pesar de la indignación prácticamente unánime provocada por las fotografías de Abu Ghraib y los indicios que señalan que estos métodos se están utilizando con otros presos bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán, Guantánamo y otros lugares, ni el Congreso ni el gobierno estadounidenses han pedido que se efectúe una investigación completa e independiente.
Por el contrario, el gobierno estadounidense se ha empleado a fondo para restringir la aplicación de los Convenios de Ginebra y “redefinir” la tortura. Ha tratado de justificar el uso de técnicas de interrogatorio coercitivas, la práctica de mantener “detenidos fantasma” (personas que se encuentran detenidas en régimen de incomunicación no reconocida) y la “cesión” o entrega de prisioneros a terceros países donde se sabe que se practica la tortura. El centro de detención de Guantánamo se ha convertido en el gulag de nuestra época, consolidando la práctica de la detención arbitraria e indefinida en violación del derecho internacional. Los juicios ante comisiones militares han sido una parodia de la justicia y de las garantías procesales.
Estados Unidos, en su calidad de hiperpotencia política, militar y económica sin rival en el mundo, marca la pauta del comportamiento de los gobiernos a nivel mundial. Cuando el país más poderoso del mundo se burla del Estado de derecho y de los derechos humanos, está dando permiso para que otros países cometan abusos con impunidad y audacia. De Israel a Uzbekistán, de Egipto a Nepal, los gobiernos han desafiado abiertamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.
Hace sesenta años, un nuevo orden mundial surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo como principal objetivo de la ONU el respeto de los derechos humanos, junto a la paz, la seguridad y el desarrollo. En la actualidad, la ONU no parece mostrarse capaz ni deseosa de pedir responsabilidades a sus Estados miembros.
En un último ejemplo de parálisis, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha conseguido aunar voluntades para emprender acciones efectivas en Darfur. En este caso ha sido rehén de los intereses petroleros de China y del comercio de armas de Rusia. Como consecuencia de este fracaso, los mal equipados observadores de la Unión Africana son testigos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sin poder hacer nada por evitarlos. Queda por ver si el Consejo de Seguridad de la ONU sigue la recomendación de la Comisión Internacional de Investigación y remite el caso de Darfur a la Corte Penal Internacional.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un foro donde se chalanea con los derechos humanos. El año pasado dejó de analizar el caso de Irak, fue incapaz de adoptar medidas sobre Chechenia, Nepal o Zimbabue y guardó silencio sobre Guantánamo.
La capacidad del Estado para proteger los derechos humanos está en crisis a nivel nacional. En algunos lugares, los grupos armados –caudillos militares, bandas de delincuentes o jefes de clanes– controlan la vida de la gente. En muchos países, la corrupción, la mala gestión, el abuso de poder y la violencia política han socavado la gobernanza de los asuntos públicos. En una economía globalizada, los acuerdos sobre comercio internacional, las instituciones financieras internacionales y las grandes empresas marcan cada vez más la pauta. Sin embargo, existen pocos mecanismos para abordar sus efectos sobre los derechos humanos, y aún hay menos sistemas adecuados de rendición de cuentas.
Ha llegado el momento de volver a analizar con serenidad lo que debemos hacer para revitalizar el sistema de derechos humanos y nuestra fe en sus valores permanentes. Ése es el sentido de las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los detenidos de Guantánamo y de los jueces lores del Reino Unido sobre la detención indefinida de “presuntos terroristas” sin cargos ni juicio. Ése es el mensaje de la participación multitudinaria y espontánea de millones de personas en las manifestaciones celebradas en España en protesta por los atentados con explosivos de Madrid, de los levantamientos populares de Georgia y Ucrania, del creciente debate sobre los cambios en Oriente Medio.
En el seno de la propia ONU, el nombramiento en 2004 de un nuevo alto comisionado para los Derechos Humanos y el informe encargado por el secretario general de la ONU a un Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio han creado un entorno favorable a las reformas y a la renovación del sistema de derechos humanos. Éstas deben basarse en valores y objetivos compartidos, en el Estado de derecho más que en un poder arbitrario, en la cooperación mundial más que en una actitud temeraria unilateral.
La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de su capacidad para reafirmar la primacía de los derechos humanos y su papel fundamental a la hora de abordar todas las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Los desafíos que debe afrontar el liderazgo de la ONU y sus Estados miembros son evidentes:
reafirmar y reiterar los derechos humanos como la encarnación de los valores comunes y de las normas universales de dignidad, igualdad, justicia y decoro humanos. Reconocerlos como la base de nuestra seguridad común y no como un obstáculo capaz de minarla;
oponerse a los esfuerzos para atenuar la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La tortura es ilegítima y moralmente condenable. Deshumaniza tanto a quien la sufre como a quien la practica. Representa la máxima corrupción humana. Si la comunidad internacional permite la erosión de este pilar fundamental, no puede esperar salvar los demás;
condenar de manera inequívoca los abusos contra los derechos humanos perpetrados por quienes han llevado a la humanidad a cotas de bestialidad y brutalidad desconocidas hasta ahora, volando trenes de cercanías en Madrid, tomando como rehenes a los niños de una escuela de Beslán y decapitando a trabajadores de ayuda humanitaria en Irak, pero subrayar con firmeza la responsabilidad que tienen los gobiernos de enjuiciar a los responsables dentro de los límites del Estado de derecho y del marco de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es el mejor antídoto contra el “terrorismo”;
erradicar la impunidad y la insuficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. A nivel nacional, una investigación completa e independiente del uso de la tortura y otros abusos contra los derechos humanos por parte de funcionarios estadounidenses sería muy eficaz a la hora de restaurar la confianza en que la verdadera justicia no se puede medir con un doble rasero. En el ámbito internacional, se debe apoyar a la Corte Penal Internacional para que se convierta en un eficaz instrumento de disuasión capaz de evitar crímenes horrendos y en un eficiente motor que impulse los derechos humanos;
escuchar la voz de las víctimas y responder a sus demandas de justicia. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben comprometerse a no utilizar el veto en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otros abusos a gran escala contra los derechos humanos. Deben promover un tratado internacional y otros instrumentos para controlar el comercio de armas pequeñas, que causan la muerte de medio millón de personas cada año;
reformar con urgencia y en profundidad la maquinaria de derechos humanos de la ONU con el fin de aumentar su legitimidad, eficiencia y efectividad. Reforzar en especial la capacidad de la ONU y de las organizaciones regionales para proteger a las personas que corren el riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos;
vincular la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –formulados cuantitativamente– con el logro cualitativo de los derechos humanos, en especial los derechos sociales y económicos y la igualdad de las mujeres. Someter a los agentes empresariales y financieros a los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos;
proteger a los activistas de derechos humanos, cada vez más amenazados y más tachados de subversivos. El pensamiento liberal está en retroceso, y la intolerancia en auge. Hay que mantenerse vigilantes en la protección de la sociedad civil, pues la búsqueda de la felicidad depende tanto de ella como del Estado de derecho, de un poder judicial independiente, de unos medios de comunicación libres y de unos gobiernos elegidos democráticamente.
¿Asumirán los gobiernos y la ONU este programa? La comunidad de activistas de derechos humanos debe cumplir su cometido ahora más que nunca, movilizando a la opinión pública para que presione a los gobiernos y a las organizaciones internacionales. Durante 2004, la movilización popular en favor de las víctimas de los atentados de Madrid y del maremoto del océano Índico ha demostrado de múltiples formas la capacidad de la gente corriente para promover la esperanza, la acción y la solidaridad en lugar del miedo, la inacción y la indiferencia. Amnistía Internacional tiene fe en la capacidad de la gente corriente para propulsar cambios extraordinarios y, junto con nuestros miembros y simpatizantes, continuaremos actuando en 2005 en favor de la justicia y de la libertad para todos. Seguiremos siendo eternos sembradores de esperanza.

viernes, 18 de mayo de 2007

ETICA LABORAL Y AMBIENTAL O NEO-ESCLAVITUD


Frank Ulloa Royo

El derecho al trabajo no basta. Los contratos de trabajo resultaron ser un valladar importante pero ha sido destruido por la neo esclavitud y su moral de la producción. Ahora la lucha es por el derecho a una vida digna para todos y para todas.La ética cristiana es una moral del trabajo humano, lo que significa que solamente es legítimo aquello que se obtiene por medio del esfuerzo compartido. La calidad del trabajo determina la cuestión social. La visión cristiana admite la existencia de luchas sociales en torno al proceso de trabajo, y señala que solo podrán resueltos por la solidaridad entre las clases sociales que se crean en torno al trabajo capitalista. Desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras se da una solidaridad en la familia y la comunidad para la sobrevivencia, aun en condiciones de explotación. Las personas se comprometen y arriesgan su vida, por sus familias, por sus compañeros, por el futuro de sus hijos.

La problemática contemporánea del trabajo humano, no se reduce al reconocimiento de los derechos humanos en el proceso de trabajo. El mundo moderno ha implantado el cinismo en el mundo del trabajo. Escuchar a un Ministro de economía referirse a los marginados del proceso económico como "perdedores" o loosers, y emular a la casta privilegiada, que ostenta el poder como "ganadores o winners".Tampoco esta óptica puede llevar solo al estudio de las técnicas, ni de las categorías económicas con exclusividad.

El derecho a la sobrevivencia de todas las especies debe estudiarse desde la ética de la sobrevivencia, en cuyo caso las categorías de la dignidad y la calidad de la vida humana, deben servir para estudiar la problemática. La primera categoría esta ampliamente desarrollada en la ética cristiana. ¿Cómo regular el trabajo asalariado que destruye esa dignidad mediante el salario que limita las potencialidades humanas? De aquí la aplicación de los principios cristianos de justicia social, los sistemas de previsión y seguridad social, y la asignación de funciones sociales al Estado. Esta ética ha sido dejada de lado por la ampliación del poder de las transnacionales y la aplicación de la ética de la neo-esclavitud.
La sociedad de salarios ha destruido la dignidad del trabajo, como medio de subsistencia y desarrollo humano, el trabajo libre no asalariado. La sociedad neoliberal está desregulando los contratos de trabajo y generando una nueva dimensión de la esclavitud. Esta corriente económica se sustenta en la avaricia, en la enorme capacidad de destruir en beneficio propio, inclusive a seres de la propia especie. No se inspiran en la vida ni en el impulso de las capacidades humanas por medio del trabajo productivo y creativo. La propia propuesta de la OIT sobre el trabajo decente tiende profundas limitaciones éticas y muchas de las propuestas de la Declaración de 1998 contradicen la dignidad del trabajo humano.Esta declaracion olvidò incorporar ni mas ni menos la seguridad social- -Convenio 102 de 1952-como un derecho fundamental del trabajo. No fue casual, los empleadorers presionaron al interior de la OIT y ese documento limitado fue el resultado. Ahora ademas de nuevo seria permitido el trabajo infantil de una persona mayor de quince años, sin seguridad social, para señalar un extremo que no se considera trabajo indigno segun los prametros internacionales. Esa visión es equivocada y limitada, está en el error, es nociva y van contra la persona humana .El primer fundamento del trabajo y por consiguiente de la economía no es su contenido objetivo, es decir el vinculado con la explotación humana de unos por otros, la circulación y acumulación de capital, las metodologías y las tecnologías. El primer fundamento del trabajo es la persona humana. El trabajo sigue siendo un derecho fundamental de toda persona humana , y de todas las generaciones que no puede ser desconocido, ni reducido en su dignidad, en nombre de ningún sistema económico, político o social, aunque se le denomine a esto sociedad democrática.Sin embargo ahora no basta. El trabajo en unas partes del mundo significa desempleo en otras latitudes.
La cultura del trabajo debe de ser transformada y buscar una nueva expresión bio-etica mas alla de la moral del trabajo capitalista. Ahora el trabajo debe servir para la sobrevivencia y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. Y esto vale también para cada uno de los pueblos de la tierra. La desocupación, las formas persistentes de esclavitud, la explotación del trabajo humano dentro de los regímenes capitalistas y neoliberales laceran la dignidad humana y por tanto la propia ética cristiana. El concepto cristiano del trabajo se basa en la supremacía del hombre por sobre las cosas, es decir de la persona como sujeto del trabajo sobre el conjunto de la producción.Como una consecuencia directa de la aplicación de los modelos neoliberales de ajuste y abandono del rol regulador del Estado, se ha extendido en todo el mundo el flagelo de la desocupación. Las consecuencias en términos de la pobreza el hambre y marginación de las altas cifras de desocupación están a la vista.
La ética cristiana es situada siempre, a partir del sentido integral de la vida humana. No hay una ética para la defensa del aborto,salvo el cinismo que no permite la vida- diferenciada de una ética para la tortura o para juzgar los modelos económicos. En esto la coherencia del pensamiento cristiano, debe ser más firme y concreta que la actitud de muchos miembros de las iglesias, para valorar el ecumenismo y reconocer la existencia de valores realmente trascendentes a la sobrevivencia humana. La coherencia decía Juan Pablo II supone llamar a las cosas por su nombre: al asesinato, asesinato, a la tortura, tortura, a la explotación, explotación, a la indiferencia, indiferencia.
Lo decía Martin Luther King, el dirigente del movimiento social norteamericano, en su célebre discurso de 1963 “Yo tuve un sueño”.“Sueño que un día en las colinas de Georgia, los hijos de los primeros esclavos y los hijos de los primeros patronos, podrán sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día el Estado de Mississippi, un estado sudoroso por el calor de la injusticia y la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos...un día no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo ese sueño hoy...Esta es nuestra esperanza. Con esta fe vuelvo al Sur. Con esta fe podremos trocar la montaña de la desesperanza en la piedra de la utopía... Con esta fe podemos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que seremos libres un día. Ese será el día en que todas las criaturas de Dios, puedan cantar:...Cuando la veamos sonar en cada pueblito, en cada Estado, en cada ciudad, entonces podremos apresurar ese día, en el que todas las criaturas de Dios, negras y blancas, judías y gentiles, protestantes y católicas, puedan unir sus manos y cantar con las palabras de ese viejo negro espiritual: Libres por fin. Gracias a Dios Todopoderoso somos libres por fin”.El movimientos popular, que lucha por mejorar el mundo del trabajo y ambiental que luchan por ampliar los espacios de libertad para todas las especies, reconocen su origen común en la solidaridad humana que aun es posible. Una ética de la solidaridad quizás pueda vencer a la lógica del cinismo antes de la destrucción del planeta, por las guerras originadas ahora en el control de los recursos y energías disponibles En los sectores populares, siempre surge la solidaridad como el motor del fortalecimiento de las estrategias de supervivencia, la generación de mejores condiciones de vida o el acceso a nuevos espacios de poder, participación y libertad. Es urgente tomar medidas para superar este problema a partir de conceptuar que el trabajo humano creativo y no la explotación del trabajo ajeno y de la naturaleza es el sustento de la vida de la especie y de las otras criaturas que coexisten en un mismo planeta. El trabajo indigno no solo está destruyendo a la humanidad sino el propio planeta. La inversión extranjera solo va a servir para profundizar un desarrollo depredador de todos los recursos humanos y ambientales, y destruir el potencial de trabajo productivo y socialmente útil de nuestros países.

APLICACION COHERENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS





Derechos Humanos de las futuras generaciones


En el siglo XVIII se generan luchas encabezadas por los burgueses y ejecutadas por el pueblo , tanto en Francia como en América del Norte, reflejando el descontento popular ante gobiernos tiránicos y monarquicos. Se va construyendo la idea de republica y se inicia una etapa declarativa, que llevan a declaraciones políticas de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. La Revolución Francesa tiene como fruto la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El desarrollo del movimientro obrero como resultado del desarrollo capitalista promoviò otra calidad de luchas sociales que incluyeron nuevas consignas y necesidades a resolver. Se exigieron reformas profundas a la moral de trabajo de la sociedad liberal de libre oferta y demanda de trabajo . En el siglo XIX, une a las personas trabajadoras, en la lucha por conseguir mejoras de sus condiciones de vida y trabajo, el mejoramiento de la salud publica, de la educacion, la educacion nocturna, la abolicion del trabajo infantil y de los ejercitos. Se inicia asi una ruta de reinvindicaciones sociales y laborales para garantizar un contrato de trabajo, la estabilidad laboral y el derecho de huelga , así como el reconocimiento de los sindicatos como legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Igualmente se dan luchas por la educación, la jornada de trabajo y los salarios y descansos semanales. A partir de aquí se ha avanzado en distintas generaciones de derechos, considerados como inherentes a todo ser humano. En estos primeros documentos están contenidos los derechos individuales que protegen a las personas de los abusos de los gobiernos y ambos han inspirado la creación de documentos signados por muchos países para la garantía de respeto a los derechos básicos de las personas, como la La Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció la dignidad humana como origen y sustento de los derechos fundamentales: Se ha sostenido que la dignidad humana es el sustento de los derechos humanos y no la ética. La dignidad debe extenderse como un paradigma para todas las criaturas de la naturaleza. La dignidad humana no existe sin un trato digno a la naturaleza y constituye el fundamento de los derechos básicos de todos los seres vivos que deriva de su propia naturaleza. Esta condición de los derechos de todas las criaturas deberá dar sustento en el futuro a los nuevos instrumentos internacionales y constitucionales que consignen derechos, si aun se considxerare de utilidad política. Estos derechos son naturales e inherentes a las especies, incluída la humana, son inalienables, imprescriptibles e irreversibles. Son anteriores a la formación del Estado porque existen desde que la naturaleza es tal. El Estado no los otorga, los reconoce y debe protegerlos y promoverlos. En este sentido el Estado solo debe reconocerlos y convertirlos en derechos realmente aplicables que sean un piso para la convivencia armónica. Así los Derechos Universales y humanos constituyen el horizonte de la sobrevivencia humana sobre la tierra. La legitimidad política de los Estados, se debe sustentar en el reconocimiento de la dignidad universal de todos los seres vivos, del habitat y por supuesto de los propios seres humanos.
La ética y la moral de la producción como sustento de los derechos humanos: El debate en torno a la cuestión de si los derechos humanos han de considerarse desde una perspectiva estrictamente jurídica, o bien desde una perspectiva anterior y no reducible a la esfera estrictamente jurídica –compromete evidentemente la cuestión general de las relaciones entre el derecho, moral o la ética; así como la cuestión general de las relaciones entre las normas éticas y las normas jurídicas. Los llamados derechos humanos tienen mucho que ver con la Ética y con la Moral. Más bien tendrían que hacerse la pregunta contraria: ¿Por qué no llamarlos deberes éticos y morales de toda persona? [i] Es decir, son obligaciones de las personas y grupos integrantes de la sociedad por el sólo hecho de serlo, y requieren un cumplimiento para su goce y la satisfacción plena de la dignidad de la persona.

Existe una incongruencia entre el discurso y la aplicación de los derechos humanos: Desde el movimiento social estas declaraciones han sido criticadas porque a veces son derechos sin contenido o simples metas o ideales a lograr porque en muchos países son letra muerta y no son reclamables de manera directa. Paul Lafargue[1] señalaba: “La civilización del capitalista ha dotado a los trabajadores y trabajadoras con metafísicos derechos del hombre, pero éstos solo sirven para someterlo firmemente a sus deberes económicos. Se les dice: - a los trabajadores y trabajadoras-: “los hago libre," así que hablen las derechos del hombre al trabajador y a la trabajadora, " usted será libre ganar como un desgraciado y tendrá libertad para convertir a su patrón en un millonario; usted es libre para vender su libertad por un bocado del pan. El empleador le encarcelará diez horas o doce horas en sus talleres; él no le dejará ir hasta que se le cansen hasta al tuétano de sus huesos, hasta que usted apenas tenga fuerzas para tomar su sopa y dejarse caer en un sueño pesado. Usted realmente tiene solamente uno de las sus derechos que usted no puede vender, y es el deber de pagar sus impuestos."
La dignidad como sustento de los derechos humanos: La Declaración Universal de Derechos Humanos ha establecido dentro de su preámbulo que: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.Por otra parte en la Declaración Americana de Derechos del Hombre se sostiene: “los pueblos del continente americano han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”

La violación sistemática de los derechos humanos no ha dejado de ser la regla en muchos países. Esta dignidad humana, casi seis décadas después de la Declaración de 1948 y de varios siglos de la Declaración Francesa, sigue siendo una ficción en muchos países. Siguen vigentes las críticas de Paul Lafargue, cuando señala que los derechos están condicionados a la clase social y a la estructura de poder de que se forma parte. Así con mucha ironía señalaba: “Los caballos se dividen en especies y clases distintas. El equino aristocrático goza de muchos derechos equinos superiores a los humanos y de privilegios opresivos. Las personas que los sirven como jinetes, amaestradores, cuidadores y los peones de establo han sido degradadas moralmente al punto de no sentirse afectados en su dignidad y vergüenza, porque los caballos vivan mejor que ellos. De no ser así, si tuvieran conciencia de su situación, ellos se habrían rebelado contra sus señores y los amos. Porque los trabajadores sirven a los caballos aristocráticos, los frotan, preparan, cepillan y peinan. También deben preparar sus camas, limpiar encima de sus excrementos y recibir sus mordeduras y golpes como único agradecimiento. Los caballos aristocráticos, como los empleadores capitalistas, no trabajan; y cuando se ejercitan en los campos, miran desdeñosamente, con un gran desprecio, sobre los animales humanos que el aran y siembran las tierras, siegan y rastrillan los prados, para proveer a ellos mismos la avena, del trébol, y de otras plantas suculentas.”[ii] Así que sustentar los derechos humanos en una dignidad no reconocida no pasa de ser un ejercicio metafísico. La existencia y consolidación de los derechos humanos es un problema esencialmente vinculado al desarrollo político de los pueblos, a su capacidad para incidir sobre el estado social de derecho para que haga eficaces estos derechos universalmente reconocidos como tales.

DEL DERECHO A LA VIDA DE TODAS LAS ESPECIES






«ética es la ilimitada veneración ante la vida y el respeto ante cada ser vivo ».
Albert Schweitzer


El Ambiente antecede y precede a los derechos humanos, y su preservación, al igual que los derechos humanos es una condición de la subsistencia de la especie humana. ¿Acaso es posible seguir hablando de derechos humanos en un mundo globalizado y en de se ha pretendido eliminar el sistema de control de los derechos humanos? El ambiente mundial sigue siendo demasiado frágil y las medidas existentes para su conservación están lejos de ser suficientes. Por otra parte, la solidaridad está inscrita, objetivamente, en el código de todos los seres, pues todos somos interdependientes unos de otros. Coexistimos en el mismo cosmos y en la misma naturaleza con un origen y un destino comunes. Al final llegaremos a un mundo con derechos para todos o a un planeta inhabitable, como la ficción o realidad futurista nos lo propone.. Como lo señala un pensador contemporáneo[1] “Vivimos tiempos de gran barbarie porque es extremamente escasa la solidaridad entre los humanos. 1.400 millones de personas viven con menos de un dólar al día, dos tercios de los cuales conforman la humanidad futura: niños y jóvenes menores de 15 años, condenados a consumir 200 veces menos energía y materias primas que sus hermanos y hermanas norteamericanos.” Pero ¿quién piensa en ellos? Mas bien se ha pretendido eliminar la propuesta de un mundo con derechos para todos y todas sin exclusión, por una visión de capitalismo liberal planetario, en donde solo gobierne una mano invisible, que hasta ahora solo ha favorecido el enriquecimiento de unos pocos, la destrucción del ambiente y el pensamiento único que están llevando a la destrucción del propio planeta.

Es importante ecologizar los derechos humanos. Por esta razón hoy hablamos del derecho a la sobrevivencia de la especie, de lo contrario necesitaremos otro planeta.Hoy peligra mas que nunca antes, la sobrevivencia de la propia especie humana, ya no solo por eventos nucleares y las guerras, sino por la acción de un grupo humano minoritario y poderoso, parapetado detrás de un capital transnacional, cada vez mas irracional, que a su vez genera respuestas de esa misma naturaleza y magnitud, en la forma de una amenaza ambiental a todos los derechos humanos. El calentamiento irreversible denunciado hace pocos días en Paris por expertos de todo el mundo ha dado un ultimátum a millones de seres humanos que viven en zonas que pronto se harán inhabitables. Hoy más que nunca, ante esa amenaza, hay que entender sistémicamente todos los derechos y libertades humanas. Los derechos económicos, políticos, sociales, las declaraciones éticas y espirituales son interdependientes. Hoy nos hemos dado cuenta de manera tardía que los derechos ambientales sostienen los demás derechos. Hoy, o cumplimos todos deberes y permitimos derechos elementales a los demás, o vamos a morir como especie. Las viejas recetas de democracia formal y de derechos humanos resultaron insuficientes por sustentarse en derechos individuales que no se sometían a los derechos humanos que tenemos como especie. Hoy para la vigencia de los derechos humanos tenemos nuevos deberes: reducir, reutilizar y reciclar, re-arboriza, revivirlas zonas destruidas, revivir el derecho a la vida y los deberes correlativos a este derecho.


Uno de los principales conflictos sociales de estos tiempos lleva el péndulo de la vida entre la demanda de las transnacionales y de los gobiernos por lograr el llamado crecimiento económico a cualquier coste social y moral, apadrinados por la globalización depredadora- y los derechos humanos de las mayorías humanas, discriminadas y excluidas de toda posibilidad de una vida digna en un ambiente natural sustentable.
Aquí se originan las demandas de las personas y comunidades y etnias por sus derechos humanos: especialmente por su derecho a la vida. Este se traduce en su derecho natural al aire, al agua, a la tierra y sus frutos, a la mar y sus reservas alimenticias, a la seguridad alimentaria y energética y al desarrollo sustentable con libertades y dignidad.[2]
El derecho a la vida es la verdadera riqueza social que se contrapone a la avaricia transnacional, el moderno depredador del ambiente y la humanidad. El oro definitivamente tiene un alto costo de derechos humanos y no produce riqueza social. Es un viejo mito que lleva a la destrucción por la ambición de quienes lo persiguen profanando la naturaleza.

Para sustentar universalmente el derecho a la vida las Naciones Unidas han propuesto diversos instrumentos internacionales y medios propios de control por parte de de este organismo internacional. Las industrias contaminantes destruyen no solo la Naturaleza, sino los derechos humanos. Enfrentar su acción desde esta perspectiva nos permite visualizar el horror producido por la ambición de las empresas transnacionales y su irrespeto por la naturaleza y sus criaturas. Al deforestar y excavar enormes aberturas en la montaña, se producen daños a todas las especies que habitan el bosque, el mar y las montañas. La maquinaria produce ruido, partículas en suspensión y aterradores ruidos .que se dispersan por la atmósfera y destruye el derecho a la vida. En el caso de Costa Rica sufre la tierra, el río, sus aguas, los humedales, los esteros y el mar. También las poblaciones humanas que allí habitan se enfrentan a una destrucción irreversible del ambiente y de sus fuentes de vida de largo plazo. Hay, a la par, un alto costo humano por el aumento de enfermedades en las comunidades aledañas. Se destruye la biodiversidad biológica, la cultura y la espiritualidad que subyace en la conservación de los seres vivos.

Los Convenios, Declaraciones y resoluciones internacionales apenas si constituyen un valladar para desacelerar la destrucción del planeta. Las políticas públicas anticipan el diseño económico y social de una comunidad pero la desvalorización de los problemas ambientales permite que se tomen decisiones desacertadas sin crear verdaderas dinámicas de protección holística, es decir de la integralidad y universalidad de los derechos humanos. La omisión o el descuido del Estado en el cumplimiento de su obligación de protección ambiental genera conflictos, y constituye una consiente la violación de derechos humanos, permite el deterioro del entorno y repercute en la calidad de vida y el derecho a la vida.
Cuatro instrumentos de igual valor forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Declaración Universal de derechos Humanos está compuesta por 30 artículos que no tienen obligatoriedad jurídica aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los Estados Miembros, poseen gran fuerza moral. Esta "Declaración, junto con el "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos", el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la "Carta Internacional de los Derechos Humanos". En estos instrumentos se resumen la verdadera riqueza que la raza humana ha podido atesorar para la convivencia humana y para sus relaciones con la naturaleza. Se complementa con Declaración sobre medio humano aprobada en la Conferencia de Estocolmo de la ONU en 1972.[3] Estableció que los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar de la humanidad y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. Allí se hace referencia a “las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y que implica graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio por el creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja “.[4]
La Convención de Estocolmo establece 24 principios que deben ser asumidos por todos los estados y las empresas transnacionales. El principio 1 establece el derecho humano fundamental a la libertad, la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Se establecen allí los principios de preservación de los ecosistemas,[5] el principio de responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio natural[6], el principio de conservación de los recursos naturales, el principio de prohibición de descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas[7], el principio de comercio justo y pago justo por los productos agrícolas de los países pobres, el principio de planificación racional, de educación ambiental, los principios de control nacional e internacional de las actividades contrarias al ambiente, y el principio de participación activa de toda persona , actuando individual y colectivamente en las decisiones que afecten el ambiente.
Diez años después se da la CARTA MUNDIAL DE LA NATURALEZA[8] por la cual Naciones unidas reafirma la importancia de las relaciones con la naturaleza y que la civilización misma “tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.” Por ella se declara que toda forma de vida es única y merece ser respetada y que el deterioro de los sistemas naturales se deriva del consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales y de la falta de un orden económico internacional adecuado que socavan las estructuras ambientales, económicas, sociales y políticas de la civilización. Establece y mejora 24 principios, entre los que cabe resaltar por su importancia actual el principio de rehabilitación de las zonas vulneradas, el principio de evaluación previa de los impactos ambientales de toda actividad humana, el principio de conservación de los suelos en el largo plazo, y de mesura en la explotación de los recursos no renovables y el principio de obligatoriedad para los estados de aplicar la Carta de la Tierra.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en junio de 1992, dio una nueva expresión al derecho a la vida de que hablan otras Declaraciones de derechos humanos, al señalar el derecho de todo ser humano a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.[9] Establecieron numerosos deberes correlativos a este derecho. Así se crea el deber de cooperación de todo ser humano en la lucha contra la pobreza, el deber de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, el deber de reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y la obligatoriedad de promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. En los instrumentos internacionales referidos se establecen otros derechos de no menor importancia como el derecho a la información que es fundamental en las luchas ambientales en donde las empresas guardan en secreto, en una caja de grueso metal su zona de incertidumbre. En el plano nacional, toda persona deberá tener derecho de acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro para sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones que van a tener impacto en el ambiente. Asimismo los estados se han comprometido internacionalmente a promover un sistema económico internacional favorable y abierto que conduzca al crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y no solo a lo primero por lo que deberían ampliarse los criterios de precaución con la naturaleza y de prevención de los impactos ambientales del desarrollo. Esta Declaración de Río de Janeiro le asigna a los jóvenes, a las poblaciones indígenas y a las mujeres, grupos históricamente excluidos, un papel fundamental en la protección del ambiente y de sus derechos. Finalmente incluye el principio de buena fe para resolver los conflictos ambientales, a los que todas las personas y empresas están obligadas. Es conocido que la destrucción ambiental por parte de las empresas transnacionales, industriales, extractivas, turísticas, de explotación de las especies y subsuelo marino, petroleras, produce pobreza, reducción del bienestar social, desempleo y afecta directamente la vigencia de los derechos políticos, económicos y sociales de la población, porque estas empresas con su poder económico y de corrupción, imponen sus criterios a los Estados. Esta actividad además favorece las migraciones, el desplazamiento forzoso de personas, y cambios culturales consecuentes, la inseguridad alimentaria, la destrucción de la biodiversidad son algunas de las manifestaciones más visibles. Las disputas entre las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad política por la destrucción del patrimonio y la degradación ambiental se resuelve generalmente con un saldo negativo en contra del ambiente cuando estas organizaciones no han desarrollado una estructura alternativa de poder y comunicación comunitaria. Los derechos reconocidos por las Declaraciones de derechos humanos para proteger el ambiente, no son reconocidos en la práctica por los Estados, o sus actividades son mediatizadas en la toma de decisiones. Esto se agrava porque existe una estrecha relación entre la situación ambiental y el goce efectivo de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, que constituye una condición habilitante para el ejercicio de los demás derechos.

El derecho a la vida no se puede limitar al reconocimiento formal de la existencia del derecho a vivir en un ambiente sano en un texto constitucional o en una declaración universal de derechos humanos ambientales. Los Estados deben respetar de manera cotidiana el derecho a la vida de la más amplia diversidad de seres vivos y esta constituye una obligación inexcusable del Estado, como responsable de dirigir el proceso de desarrollo en un marco de derechos humanos y de prevención, cuidado, rehabilitación, y preservación de la naturaleza de la propia acción humana. El derecho a la vida debe ser defendido de quienes atentan contra él, existe un derecho a la legitima defensa social y a la autodeterminación de los pueblos. Como entender en este contexto los principios liberales que constituían el eje central de la doctrina de los derechos humanos. ¿Cómo entender el principio pro libertate según el cual debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad, incluida según algunos la libertad de empresa. Como contrastarlo con el in dubio pro natura, que limita la libertad de las empresas, que no puede llegar hasta la posibilidad de destruir la vida y los ecosistemas. El desarrollo de los derechos humanos ha cambiado ese eje por el principio pro especie domine, según el cual los derechos humanos debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a la especie humana, que genera entonces nuevos deberes y limitaciones en campo de las libertades individuales y las responsabilidades sociales y ambientales.
Un ambiente degradado afectará el goce integral de los derechos humanos. Los derechos de la especie dependen hoy de nuestro comportamiento colectivo frente a las cuestiones ligadas a la biología, como la biodiversidad amenazada, la escasez de los recursos, el creciente calentamiento, el despilfarro de agua y energía en formas antisociales de desarrollo. Un ejemplo claro es la industria turística en Guanacaste, que propone una alternativa de desarrollo excluyente. Los antiguos moradores tenían derecho al agua, a la belleza de un espacio natural de las amplias llanuras, a recrearse en las playas, en fin a vivir con dignidad aunque tuvieran serias limitaciones de consumo. Hoy no les va quedando agua que ha sido acaparada por las empresas. Posiblemente la futura generación tampoco va a poder vivir en ese entorno y tendrá que emigrar. El agua para el consumo humano se destina a campos de golf para que los disfrute una minoría, con un alto costo social y ambiental que ignoran, y justifican. Los derechos humanos se traducen en derechos de la ciudadanía, de la transparencia en el cuidado de los bienes comunes por el estado, de nuestros ríos y reservorios, de nuestras costas y su biodiversidad. . Nosotros, ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de esperar que nuestros representantes vivan esos valores y no los nieguen con sus prácticas sinvergüenzas. Ahora no se trata ya de cuidar del ambiente, sino de no sobrepasar los límites que podrán poner en riesgo el derecho a la vida.



Así, el derecho a la información, a la participación, a los derechos culturales de las poblaciones indígenas, al derecho a la propiedad universal de los recursos humanos, y el propio derecho a la vida se ven comprometidos o vulnerados ante situaciones de degradación ambiental. El incumplimiento de la planificación científica del desarrollo con protección y prevención ambiental y la consecuente falta de de políticas publicas integrales provocan en el ambiente un daño irreversible. Estas acciones nocivas influyen en la salud, en las oportunidades de trabajo, en la educación y en el acceso a recursos financieros y naturales. La explotación irracional sólo ha generado pobreza, y la pobreza a su vez repercute en la calidad de vida. La falta de planificación de políticas sociales, de políticas ambientales claras, de políticas de salud efectiva y sostenida en el tiempo trae como consecuencia la degradación ambiental y el incremento de la violación de los derechos humanos. La degradación ambiental degrada los derechos humanos. La tolerancia a las acciones de depredación, la escasa o nula información disponible sobre situaciones potencial o actualmente peligrosas y la dificultad de acceder a la justicia, son aspectos que profundiza la violación de derechos de aquellas personas y comunidades victimas de esta ignominia. El estado debe proponerse fines más altos que el simplemente producir, generar empleo y consumir. Si no lo hace debemos aceptar un destino trágico.

Las políticas públicas deben partir de una visión sostenible y equitativa del desarrollo, pero en cambio, las que se hallan en ejecución a menudo parten de posiciones acomodaticias, de la corrupción de funcionarios públicos con poder para tomar decisiones, o de una visión limitada o incorrecta, que equipara los derechos de las empresas a realizar su explotación con los derechos humanos. En la agenda estatal desarrollo no figuran como primordiales los principios de prevención ambiental ni su relación con los Derechos Humanos. En el caso de una empresa jabonera en Alajuela, se le ha permitido mantener una refinadora de grasas en colindancia con cientos de casas, que están sometidas a serios riesgos de contaminación, incendio, malos olores, contaminación de las aguas. La acción del gobierno municipal es lenta y complaciente, la acción de las autoridades nacionales es fácilmente perneada por las presiones de la empresa. En este caso la propia Ministra de Salud echó atrás una resolución técnica que protegía el ambiente, en clara violación a los derechos humanos de los niños y niñas de la comunidad expuestos a enfermedades respiratorias, a los derechos de las personas mayores, y del derecho de la comunidad a disfrutar del Río Alajuela que circunda la empresa. Existe una larga distancia entre el discurso y la realidad de los derechos humanos. Esto es aplicable a muchas empresas en el país. Los gobiernos contraponen el derecho al empleo con los derechos ambientales. Fundamentan la tolerancia en los empleos que se generan, en la imposibilidad de para el desarrollo, en la pobreza de medios de control, y hacen caso omiso de las obligaciones legales adquiridas internacionalmente en materia ambiental. La inexistencia de una adecuada legislación ambiental, la inexistencia de tribunales ambientales , condicionan el grado de real de libertad de que disponen las comunidades y personas para luchar por una vida digna, para acceder al derecho a disfrutar de todo un espectro de bienes y servicios necesarios que derivan de la existencia de un ambiente sano, que solo puede darse dentro de un desarrollo sustentable que permita la conservación de la vida de la especie humana, puesta en amenaza de extinción por un desarrollo económico insustentable, depredador, irracional y biocida.

Son aplicables a los defensores del ambiente los Convenios Internacionales para los defensores de los derechos humanos. Pero con eso decimos poco. Debe concedérseles un amplio espacio y reconocérseles su lucha por hacer posible la vida humana en la tierra. Los excluidos del poder y de la riqueza, los pobres, las mujeres y jóvenes organizadas por sí mismas y articulados con otros aliados, pueden multiplicar la vigencia de los derechos humanos de su especie. Una vez que toman conciencia del riesgo y de la potencialidad de defender el ambiente pueden ser constructores de derechos humanos, bio-defensores de ellos mismos como naturaleza, y de sus semejantes. Este es el proyecto de democratización del poder en un afán pro vida y de veto social de las políticas y practicas biocida .Es un proyecto de trascendencia social , un proyecto de transformación que lleva a una democracia ecológica, igualitaria, participativa, económica y socialmente. Es el reto de construir un socialismo ecológico y civilizador donde el respeto de los derechos humanos sea la piedra de toque de su sostenibilidad.

La protección del medio ambiente implica acciones que tienen como objetivo prevenir violación de derechos humanos o reparar daños causados a otras especies y a la Naturaleza. Es el Estado de Derecho quien supuestamente debe poner límites a la explotación destructiva de los recursos naturales por las empresas nacionales y transnacionales que operan en el país. Debe promover mecanismos legales para la protección de los derechos humanos a la vida, al agua, a la energía, a la salud, al disfrute equilibrado de los bienes naturales y sociales, para la actual y las futuras generaciones. Solo así promoverá el respeto de los derechos y de la vida de las personas. En el caso costarricense el sistema administrativo judicial y constitucional de protección de la Naturaleza es altamente deficitario. No existe un régimen sancionatorio que ayude a sancionar a las empresas incumplí entes y los delitos ambientales son limitados y penados con sanciones irrisorias.

La destrucción del ambiente destruye en la practica derechos humanos esenciales en un primer momento, y la subsistencia de la especie humana en un plazo que algunos se han animado a pronosticar, en pocas décadas. Significa la destrucción del entorno humano, el agua, el mar, el aire, la tierra, y sus humedales, la microflora, la riqueza y diversidad biológica. Como la vida humana no puede darse sin esos prerrequisitos, es el derecho a la vida con calidad, felicidad y solidaridad lo que se afecta directamente por el deterioro ambiental. Naciones Unidas ha señalado que: “el agua es un recurso natural y un bien público fundamental para la vida y la salud. El Derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos.”[10] El agua determina la subsistencia y es un recurso que se agota de manera irreversible por el modelo de desarrollo económico y social que permite su apropiación y despilfarro.

El Pacto de Derechos Económicos y sociales establece varios derechos ambientales, vinculados con el derecho a la salud por el que toda persona tiene derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental. Para ello una relación equilibrada con el ambiente es esencial. El derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones que conlleven a una vida sana. Y hace ese Derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la nutrición, vivienda, acceso al agua potable, la calidad del aire, las condiciones sanitarias adecuadas, las condiciones de trabajo seguro y sano y en entorno sano. Protegiendo el ambiente se protege la salud humana y la biótica de las especies, necesarias a su sobrevivencia. Las enfermedades de la pobreza son enfermedades que encuentran su causa en el deterioro ambiental, en la falta de higiene y saneamiento, y son si se quiere enfermedades ambientales. También las enfermedades generadas por el desarrollo industrial se generan en el mal manejo y la falta de prevención en la protección del agua, el aire y la tierra. Las enfermedades ocasionadas por la polución y la contaminación por productos químicos dentro y fuera de las empresas son un claro ejemplo y con todas ellas se vulnera el derecho humano a la salud. La proliferación de enfermedades como las diarreas, las producidas por causas de parásitos, infecciones de vías respiratorias, las epidemias, la desnutrición, llevan muchas veces a la muerte, y son resultado de carencias en la aplicación de políticas públicas.
Ese desequilibrio en el manejo del entorno destruye derechos esenciales como tener derecho a una alimentación adecuada. La destrucción de la riqueza genética por los transgénicos son una expresión moderna del mismo problema que llevará a la destrucción de la autosuficiencia alimentaria, reconocida como un derecho humano esencial por las Declaraciones Universales de Derechos Ambientales que garantizan la protección del derecho a la alimentación, como base de todo desarrollo realmente sustentable con protección de los derechos humanos esenciales.[11] Patentar la vida, el genoma humano son expresiones que discriminan, y por medio del uso inadecuado del derecho de invención afectan el derecho a la salud, y a la vida en general porque eliminan toda posibilidad de acceso a los alimentos por parte de generaciones presentes y futuras, y limitan la soberanía alimentaria de los países pobres y sus poblaciones.

Los instrumentos internacionales de Derechos Humanos imponen obligaciones a los Estados en materia de legislación y políticas públicas para asegurar el disfrute universal de los derechos humanos. Así por ejemplo toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos y los estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del ambiente, para asegurar a todos y todas un ambiente sano y equilibrado donde los derechos humanos sean ampliados y favorecidos.

El derecho al ambiente sano y equilibrado está íntimamente relacionado con el derecho al desarrollo que defienden las Declaraciones Universales de Derechos Ambientales. La existencia de pobreza y la exclusión social constituyen una violación a la dignidad humana. Los estados están obligados en el ámbito interno a respetar los derechos humanos reconocidos en estos tratados. A su vez tienen la obligación de prevenir futuras violaciones de derechos humanos. La prevención ambiental supone la prevención de violaciones de derechos humanos. Estas obligaciones deben ser honradas por el Estado respetando los principios de las Declaraciones Ambientales internacionales, que no son meras proclamas, sino obligaciones de Derecho Internacional Público, y por supuesto obligaciones morales de quienes dicen respetar esos principios. Están obligados a hacer efectivos los contenidos mínimos de los derechos mencionados en estos pactos hasta lograr su plenitud. La exigibilidad de los derechos humanos se viabiliza con un verdadero acceso a la justicia constitucional y ambiental. Esta justicia es requisito para la existencia de un verdadero estado de derecho que funcione como garantía de los intereses individuales y colectivos, como así también posibilita la colaboración y el control de los ciudadanos y ciudadanas frente al accionar estatal y los daños ambientales generado por la actuación de las empresas sin responsabilidad social y que vulneran concientemente derechos humanos esenciales.
Hoy sabemos que la misma lógica de violación de derechos humanos es la lógica que asume quienes violan los derechos ambientales. Para satisfacer de intereses privados, intereses egoísta, se explota a las personas, se explota a otros países por medio de relaciones comerciales desiguales, y también a la naturaleza. Al final se explota a la Tierra como un todo, a causa del consumo y de la acumulación de capital y naturaleza, por parte de las transnacionales. La crisis que hoy vivimos puede significar un salto hacia un estado superior de derechos humanos o bien una tragedia para muchas especies, incluida la humana que posiblemente no sobreviva. Los remiendos en materia de derechos humanos no son remedios, o se respetan o no hay alternativa civilizada de sobrevivencia. Los informes sombríos sobre el estado de la Tierra y sobre el futuro desalentador de la especie humana nos sugieren la urgencia de los derechos de la especie. Tomarnos en serio el principio de precaución y de cuidado, de solidaridad y de respeto a los derechos humanos y de la interdependencia de las especies es la única ruta posible de sobrevivencia.









[1] Leonardo Boff.
[2] El cinismo es la enfermedad del siglo XXI. Solo así se puede entender propuestas como las siguientes: Industrias contra la Naturaleza S.A. es una empresa nacional, con personal profesional 100% costarricense, que se dedica a la industria de la minería de oro. Así mismo, somos una compañía que genera, complementariamente, otros proyectos para el desarrollo social y económico de nuestras comunidades vecinas. Nuestro apoyo técnico y económico es proporcionado por la compañía canadiense Vannessa Ventures Ltda., empresa que posee una amplia experiencia en la minería de oro y de diamantes.
[3] Resolución 2398 – XXIII de 1972.

[4] Ibíd.
[5] Principio 2.
[6] Principio 4.
[7] Principio 6.
[8] Resolución. AG 37/7 DEL 28/10/82.

[9] Art. 1. Declaración de Río
[10] Observación General Nº 15 del Consejo Económico y Social, creado por el Pacto de esa temática.

[11] Declaración de Estocolmo, Carta de la Tierra, Declaración de Río de Janeiro.

DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD



Proyecto: FEREPRODIS-Secretaría de Formación de la CMTC
Federación Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad

Los Derechos Humanos frente a la discapacidad[1] en el contexto de la organización económica de segregación y globalización.

Frank Ulloa Royo. Fundación Witaicon.
Cartapacio No.1






Presentación:
La Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses, y su Federación Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad, con el patrocinio de la Fundación Witaicon, inicia con esta publicación una campaña nacional para que los trabajadores, personas y familias discriminadas en cualquier razón, o en situación de dependencia, sean considerados en los procesos de desarrollo humano y económico, de manera que el cuadro vicioso de discapacidad sea sustituido por un circulo de solidaridad, vida independiente y desarrollo humano en consonancia con una cosmovisión de evolución planetaria.
Naciones Unidas y los Organismo Regionales han puesto su atención en la problemática de exclusión y discriminación. Aquí revisamos las Declaraciones, Resoluciones y Convenios Internacionales relativos a esta temática. Las normas que protegen la vida de los discapacitados, intentan colocar, en lo posible, en un trato de igualdad a todos y todas, sin distinción de edades ni de diferencias. Es necesario crear discriminaciones positivas que permitan eliminar la discriminación social y cultural. La sociedad costarricense es discapacitante, niega estas normas y sigue actuando de manera discriminante, invisibilizando las necesidades de la población con capacidades diferentes, y haciendo una verdadera segregación o apartheid de este grupo poblacional.
La Central del Movimiento de los trabajadores Costarricenses busca luchar contra la discriminación e incidir en la manera en que la sociedad enfrenta la discapacidad. Es necesario superar la visión limitada, que la presenta exclusivamente como un problema de salud, y por lo tanto define soluciones de la misma naturaleza. Hay que evitar esta propuesta y analizar el problema político y cultural subyacente. La discapacidad nace en la exclusión y la discriminación. Se acrecienta con la pobreza y la falta de accesos a la educación y al trabajo. Esto provoca que cualquier restricción o ausencia de la capacidad física, intelectual o sensorial se convierta en un impedimento para movilizarse, estudiar, trabajar, y disfrutar del derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos. Entonces desde la óptica del movimiento social debe clasificarse la discapacidad en cuatro en tipos analíticos: social-cultural, neuromotora (parálisis cerebral, distrofia músculo-esquelética, etc.), sensorial (problemas del lenguaje, sordera, debilidad visual (ceguera) y mental.

Son derechos humanos esenciales no ser víctimas de marginación o discriminación; tener derecho a una educación y formación profesional, desplazarse libremente en espacios públicos abiertos o cerrados; disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias; tener un empleo y libre acceso en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos; contar con espacios en el transporte público reservados para su uso plenamente identificados; gozar de un trato amable, cortés y respetuoso de parte de la población en general, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas.

Es interés de la Fundación Witaicon favorecer un profundo cambio cultural y educativo, desde su programa de Escuela de la Nueva Moneda,-la inteligencia y el conocimiento- que coordina el Dr. Lino Marcos Budiño para habilitar conceptual y prácticamente a madres y padres y familiares de personas con discapacidad sobre las herramientas educativas existentes. Un primer paso será colaborar para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan sus derechos humanos universalmente reconocidos y puedan aplicarlos. Hacia ellos está dirigida esta publicación. Esta proyección hacia las personas vinculadas al mundo de la discapacidad, tiende a servir de nave para atravesar un mar de mitos, discriminación y prejuicios. Empezamos con el estudio de los derechos humanos de esta población históricamente segregada, en una colección de Cuadernos o pequeñas publicaciones de colección, tendientes a construir una bio-biblioteca para las organizaciones que luchan por una transformación de la realidad de las personas afectadas por la discriminación derivada de la discapacidad.



1. La sociedad discapacitante:

La sociedad costarricense del siglo XXI sigue discapacitando a una mayoría al no conceder las condiciones óptimas para la vida en común. Las personas, han sido excluídos, en su gran mayoría de las relaciones de trabajo y de poder, con una sentencia de pobreza y discapacidad para la sobrevivencia.
La discriminación en la sociedad costarricense asume muchos matices y genera discapacidades diversas. Ser migrante es una gran limitación, si se es indocumentado no hay mayores garantías que las formales de igualdad ante la ley. Esto genera discapacidad social. Si además no se leer ni escribir y soy una mujer con alguna limitación física, la discapacidad se acrecienta. Otros excluidos socialmente son extranjeros siendo originarios de estas tierras, como las nueve poblaciones indígenas costarricenses, que el idioma los limita. La edad, el color de la piel, la falta de un órgano esencial como la vista o el oído, o la voz, o simplemente, no saber leer ni escribir genera discapacidad social, que se acrecienta con alguna discapacidad física. A veces muchos de estos actos discapacitantes se conjugan en una persona, indígena, migrante con discapacidad física, que no entiende el idioma, que ha viajado horas en busca de atención en el Hospital de Ciudad Neilly, ¡acaso estamos exagerando¡ Todos tienen algo en común. La sociedad los invisibiliza, los excluye y los deja cuando mucho como sujetos de programas asistenciales.

Además, como expresión de una cultura nacional individualista, nos estamos convirtiendo en una sociedad intolerante, selectiva y negadora de los derechos humanos esenciales de las personas diferentes o que no cuentan con los indicadores de éxito y competitividad que se requieren para vivir en esta nueva modernidad. La discriminación por discapacidad empieza muy temprano en la vida de una persona, a veces desde el útero materno y la discriminación de su madre lleva a una discapacidad de la futura generación. A veces en el útero social si la pobreza y lo que la acompaña nos acecha. Esta es una sociedad que niega a un porcentaje mayoritario de la población los derechos humanos fundamentales, pero simultáneamente promueve leyes para dar la sensación que algo se está haciendo. Sino veamos: la sociedad costarricense actual nos llena de interrogantes. ¿Cómo entender que después de diez años de vigencia de una ley que universalizaba el transporte y exigía una sociedad inclusiva, al calor de la corriente mundial a favor de las personas afectadas por la discriminación y correlativa discapacitación, hoy nos proponga una regresión en materia de derechos humanos. Hay un proyecto de ley para que una minoría de autobuses y otros medios de transporte dispongan de rampas. Lo mas interesante es el discurso de los propietarios de autobuses de cómo se les dañan sus intereses y se les afectan sus derechos. Los diputados se apresuran a presentar una enmienda a la ley 7600. Lo mismo ocurrió con algunas organizaciones de personas con discapacidad que se prestaron para acomodar la ley y procrastinar derechos esenciales nuevamente, por muchos años más. La realidad de las personas con limitaciones físicas sigue igual que hace una década pero ahora sin una ley. Pareciera que el problema del amparo de los derechos va más allá de la defensa burocrática en las sedes administrativas y judiciales. Existe una sociedad cuyos valores son excluyentes.

¿ Como entender que los transportistas y comerciantes amenazaran con un paro nacional si no modificaban en perjuicio la ley que aseguraba rampas de acceso al sistema colectivo de transportes, concesionado por el Estado a empresas privadas?.
Nuestro país adolece de programas en todas las áreas estratégicas del desarrollo humano para la población con discapacidad. Los programas educativos carecen de una estructura y metas educativas. La formación profesional estatal es inexistente para este sector. El Derecho a la educación se ve muy limitado. Las limitaciones son múltiples, algunas endógenas como la falta de programas, objetivos y metas educativas. Otras son externalidades, como la inexistencia de accesos a las escuelas ola imposibilidad de beneficiarse del transporte publico, pero todas son igualmente importantes de resolver para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Las organizaciones de la comunidad, los padres de familia, y los sindicatos, ante el vació de programas para este sector, la han asumido un rol en prevención y control de las causas y condicionantes de la discapacidad; para ofrecer orientación y educación en materia de rehabilitación, y atender integralmente a los discapacitados, incluyendo la adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales, cubriendo las mas importantes necesidades de la discapacidad física.

¿Como hacer llegar a las escuelas y a los servicios de salud a los niños y niñas pobres? ¿Cómo asegurar programas educativos que los hagan avanzar humanamente? Y como hacerlos llegar si además tienen alguna otra discapacidad ¿.ç Cómo lograr que tengan la alimentación y recreación y se les promueva el desarrollo de sus aptitudes creativas, de manera que suene música en sus oídos y salgan canciones de su boca, aunque la naturaleza les diera inicialmente una sordera? Por ahora conocemos que todo lo anterior es lo que la sociedad costarricense no hace. No hacerlo es condenarlos a la dependencia, la pobreza y la discapacidad, y crear una generación de adultos excluidos. Es en la niñez en donde empieza la discriminación y las acciones discapacitantes de la sociedad. Lo que sigue es una historia de segregación de las personas con discapacidad.

Las Naciones Unidas han propuesto una serie de tratados que el país ha ratificado contra la discriminación y la segregación. ¿Qué ocurre entonces? Para dar una respuesta será necesario estudiar la evolución mundial de los derechos humanos de las personas denominadas ahora “discapacitadas”, cuando en realidad simplemente son niños y niñas sabias esperando una oportunidad para no formar parte del mundo de la exclusión. Un niño o niña con síndrome de Down o Asperger, o con una lesión física no tienen por que ser excluidos de sus acceso a la sabiduría humana por una etiqueta discriminatoria de niño o niña discapacitada, simplemente porque la sociedad no ha creado las condiciones y la nueva Escuela para el desarrollo de todas sus potencialidades y que puedan expandir todas su inteligencia en beneficio de la propia colectividad. Es mas fácil apartarlos, segregarlos y discapacitarlos, y darles programas de asistencia social.

Los efectos de la discriminación derivada de una sociedad excluyente e intolerante están a simple vista y forma parte de un proceso de dominación de larga data, en donde los individuos-las personas- se sienten responsables de sus propias limitaciones y no de las limitaciones de los demás. La población en general ha sido sustituida de sus derechos humanos por valores artificiales de supervivencia, en donde la violencia, la auto-satisfacción de intereses a cualquier costa, la sexualidad como valor independiente del amor, y la lucha de todos contra todos , promueven que sobrevivan solo los más aptos y dotados. Estos valores pragmáticos y dominantes crean una nueva relación con la naturaleza, en donde se permite la destrucción de toda la obra de la creación natural y social.



Se sustituye la ecología humana, la fraternidad y la solidaridad por la simple sobrevivencia y la exclusión de los inadaptados, rebeldes o mal dotados para el combate que se libra en la sociedad globalizada.
A lo largo del siglo XX las personas discriminadas, con o sin capacidades físicas diferentes, han pasado de la aceptación pasiva de todo aquello a exigir que no se les llamara inválidos o discapacitadas. Muchas de ellas reniegan del asistencialismo estatal, para buscar la afirmación activa de su propia fuerza y su confianza en las propias capacidades humanas y políticas para llevar una vida autosuficiente e independiente. Con aquel poder moral de incidencia sobre la sociedad se busca hoy un poder social, que no es otra cosa que el bien común de todos y para todos, sin exclusiones. El poder debe servir para crear un nuevo derecho no excluyente. El estudio de la evolución jurídica de los derechos relativos nos puede dar un amplio marco para la acción reivindicativa pendiente.

La propuesta de los y las personas segregadas y que sufren la discriminación y discapacidad correlativa por su situación personal, vinculadas además a limitaciones culturales, económicas o físicas, a la imposibilidad material de disfrutar de igualdad en la vida y de la participación plena en el conjunto social en todos los ámbitos de la vida debe expresarse también en el campo legal.

Hoy estas personas y sus organizaciones a nivel nacional e internacional les hacen una invitación a los que los discriminan y excluyen. Les exigen que les permitan un espacio de desarrollo autónomo y se animen a coadyuvar al desarrollo político y social de una sociedad humana del siglo XXI en donde todos y todas tengan sus derechos sin exclusiones y se les hagan cotidianos. Una persona en silla de ruedas, no importa lo que diga la Constitución Politica de su país, -o no lo diga- deberá de ser capaz de desarrollar todas sus potencialidades, todos los días a todas horas, solo así sus derechos humanos cobraran vigencia. No es una Sala Constitucional la que debe decidir sobre sus derechos en un largo proceso burocrático, es una sociedad que debe reasumir los valores de humanidad. No es un grupo de expertos de las oficinas públicas e instituciones pro discapacitados los que pueden seguir definiendo por ellas y por ellos. No solo definen sino que limitan y etiquetan. A nivel de los propios especialistas encontramos el exabrupto repetido hasta la saciedad, inclusive en documentos científicos oficiales de distinguir en materia de salud entre lo físico y mental, se habla entonces de capacidad física y capacidad mental, lo que es una inexactitud. Evidentemente pensamiento es parte del mundo físico y los fenómenos y procesos que allí ocurren tienen una explicación neuro-biológica y química, que no están ajenos al mundo de la física. Este mito llevado al mundo de lo jurídico ha traído consecuencias nefastas con instituciones jurídicas como la discapacidad física y mental, que viene desde las codificaciones napoleónicas. Entonces el derecho normalmente encierra una ciencia atrasada en las instituciones que crea. Este concepto jurídico tiene varios cientos de años de atraso y no ha permitido una adecuada construcción del problema.

Una persona sorda, debe de tener las condiciones para comunicarse con todos y todas, en todas las principales esferas de orden familiar, social y político. ¿No es acaso este bilingüismo más importante que otros? ¿Pero por qué esto no es así y se les condena a la soledad o pierden su libertad de movimiento? Existe alguien externo que determine que esto sea así? ¿Es acaso toda la sociedad excluyente la que discrimina? Están algunas sociedades libres del pecado de discriminación o falta un impulso mayor de naciones unidas a los mecanismos endógenos de convivencia en un mundo que se dice globalizado, cuando excluye a grandes segmentos poblacionales.

La autoconciencia y aceptación de las diferencias llevará sin duda a una sociedad más inclusiva. Pero para llegar allí hay que saltar obstáculos físicos, jurídico-ideológicos y políticos. No se llega a la sociedad inclusiva simplemente por una vía de renovar la institucionalidad y mejorar las leyes. De ser así viviríamos ya en Utopía. Las personas discriminadas saben que este proceso será un camino de rebelión. Una trocha difícil para encontrar en el proceso el sentido de la vida. La consolidación de los derechos formalmente reconocidos solo se logrará batallando los derechos humanos, que a pesar de serles consustanciales, les son negados en la sociedad excluyente. Dentro de este contexto debemos pensar el papel de las organizaciones del trabajo, especialmente los sindicatos en la lucha por la consecución de los derechos de los excluídos, especialmente de las personas con capacidades diferentes.



2. Naciones Unidas, la discriminación y la consolidación de los derechos humanos de los excluidos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,[2] y en especial en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecieron los principios básicos contra la discriminación en muchos de sus órdenes. Sin embargo presentan serias deficiencias en cuanto a la discapacitación de las personas por las sociedades excluyentes. Estas han querido ser ampliadas en nuestra Región por la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la O. E. A. En conjunto constituyen el bloque de legalidad más completo de disposiciones legales internacionales, vinculantes en el ámbito de los derechos humanos por haber sido ratificadas por Costa Rica. [3]

Sabemos que los derechos humanos son considerados una totalidad indivisible, interdependiente e irreversible. Conocemos que deben asegurar las libertades fundamentales, de las que sin embargo, son excluidas las personas en situación de dependencia o discriminación en razón de su salud o condición de dependencia o discapacidad derivada de la misma. Esta constituye una limitante evidente de los Pactos y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos.


Las personas pertenecientes a los distintos géneros, grupos etarios y étnico-lingüísticos son afectados de manera distinta por la discriminación en razón de la salud o lesiones derivadas de su participación en procesos de trabajo, guerras, o por su condición social, física, o sus capacidades neurobiológicas al nacer, que les han dejado secuelas físicas y discapacidad para trabajar, movilizarse, educarse o para su recreación, en una sociedad que no las reconoce, las excluye y las discapacita para el disfrute de la vida en sociedad.
Esta acción discapacitante de la sociedad se traslada por extensión a las familias y grupos sociales de pertenencia, que deben asumir los retos de la discriminación y buscar los medios para lograr la mejor sobrevivencia de quienes son victimas de este proceso. Es necesario precisar la forma en que los distintos grupos poblacionales son afectados y crear estrategias incluyentes para que los derechos humanos universalmente admitidos sean también para todos y todas, sin exclusión, y más allá de los discursos incluyentes se requiere una politica económica y social inclusiva y preventiva de los riesgos de salud que conllevan discapacidades.

Al finalizar la II Guerra Mundial, se firma la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y el acuerdo en París de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, los cuales darían la orientación mundial a los Estados para asegurar el respeto a los derechos y libertades fundamentales de la persona como absoluto común. En la situación actual de globalización discapacitante, pareciera necesario recrear los ideales solidarios ahí consignados, como alternativa a la discriminación de pueblos, nacionalidades y personas, condenados a vivir sin libertades y a no desarrollar todas sus potencialidades como personas.

Internacionalmente se ha avanzado en la formulación de conceptos para explicar la diversidad de capacidades, de un real derecho al disfrute de la vida y de las limitaciones por razones de salud y la exclusión, por condiciones de nacimiento. Sin embargo, en nuestro medio aun se utiliza un lenguaje peyorativo y excluyente, que evidentemente tiene sustento en una ideología de la discriminación y en la idolatría de los mas aptos y exitosos para atender el trabajo asalariado. De esto no se excluye el lenguaje de Naciones Unidas y sus diversos organismos .Este lenguaje de minusvalía esta incluido en los instrumentos jurídicos internacionales que reconocen derechos humanos.


De la invalidez y la rehabilitación al empoderamiento por la educación, el tratamiento, la capacitación y el empleo de las personas que han sido discapacitadas por la sociedad.
La Secretaría de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social son los principales órganos de las Naciones Unidas encargados de las cuestiones relativas a la discriminación en consecuencia de una discapacidad. En su primera década su actividad se orienta a la promoción de los derechos de las personas con discapacidades físicas, como ceguera o sordera. Los proyectos van dirigidos a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación. A partir del Sexto periodo de sesiones en 1950 en que se conocen dos informes: "La rehabilitación social de los minusválidos" y "La rehabilitación social de los invidentes", la Comisión Social y sus principales organismos como la OIT, la UNICEF, LA OIR, Y LA OMS ,reconocen la necesidad de establecer normas internacionales para la educación, el tratamiento, la capacitación y la colocación de las personas discapacitadas, prestando especial atención a las personas con deficiencias visuales en los países subdesarrollados.

El Consejo Económico y Social también recomienda que los países tomen medidas para ayudar a los discapacitados. Un año después, en 1951 se buscan soluciones para la rehabilitación social de los discapacitados, atendiendo especialmente al problema de la adaptación y la rehabilitación desde una perspectiva integrada, y busca que los distintos organismos coadyuven con los estados, pero sin entender aun que la sociedad misma discapacita y discrimina.


Es a partir de 1952, en la Octava y Novena reunión del Consejo Social, que se da una nueva aproximación al concepto de la discapacidad, entendiendo la necesidad de la educación de la opinión pública.
Se crea así un nuevo rol para los Estados, de manera que debían establecer programas de servicios de rehabilitación, formación de personal para la rehabilitación, organización y financiación de los servicios de rehabilitación. En 1953 la Comisión Social muestra su interés por los programas dirigidos a la promoción permitan darles un papel independiente y productivo en la sociedad. [4] A partir de 1960 se revisan los aspectos legislativos y administrativos de los programas de rehabilitación de los Estados. Asimismo se estudian las instalaciones y los problemas urbanísticos, como las instituciones para la formación de profesionales en el campo de la rehabilitación y se toma mayor conciencia de la importancia de las nuevas estrategias de rehabilitación.

Al final de la década, en 1969, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social y afirma, entre otras cosas, las libertades fundamentales y los principios de paz enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. En el Artículo 19 se hace referencia a la prestación de servicios médicos, de seguridad social y de bienestar social para todos, con el objetivo de rehabilitar a las personas con capacidades físicos (incluye las mentales) diferentes, para facilitar su integración en la sociedad.

En la década de los años 70 , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la OIT, la UNESCO, la OMS, el UNICEF y el Fondo Mundial de Rehabilitación elaboran un programa con el fin de aumentar los fondos para la asistencia técnica en el campo de la rehabilitación. Igualmente se promueve la recomendación de que a los servicios de rehabilitación se integren con programas básicos de desarrollo de los servicios médicos, educacionales y de formación profesional, y en esos mismos años, se propone que las Naciones Unidas contraten mas personal con capacidades diferentes.

No es sino hasta 1971 cuando el 20 de diciembre la Asamblea General Naciones Unidas atiende las personas con capacidades mentales diversas y emite la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, y pide que se adopten medidas en todos los Estados para la protección de sus derechos. [1] Es en 1975 que se da un avance adicional al concepto de capacidades diferentes cuando en 1975, la Comisión para el Desarrollo Social recomienda la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas que impiden la integración social plena de las personas con alguna discapacidad física. [5] En diciembre de 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas, adopta la Declaración de los Derechos de los Impedidos, que obliga a que las personas con capacidades físicas diferentes deberán gozar de todos los derechos humanos reconocidos como tales, sin distinción o exclusión por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia.[2]


En 1976 se proclama 1981, el año de las personas con capacidades diferentes, proponiendo que ese año se dedicara a la integración plena de los discapacitados en la sociedad, y a la promoción de proyectos de estudio e investigación pertinentes para educar al público acerca de sus derechos
En la década de 1980 se llevan impulsan Congresos y otras actividades a nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar la integración de esta población en la sociedad y promover su adaptación física y psicológica. Se establecen comités nacionales en 141 países para mejorar las condiciones sociales y económicas, y sobre la ejecución de los programas, fomentando las políticas económicas y sociales de los Estados, y la adopción de decisiones y una legislación especializada que orientara la acción pública y de las personas con capacidades diferentes.[6] En mayo de 1981, la Comisión de Asentamientos Humanos aprueba una política que anima a las Naciones Unidas y a los Estados Miembros a eliminar las barreras que dificultan o impiden la "participación plena" en todas las áreas de asentamiento humano.

Un avance significativo desde el punto de vista organizacional se dará en noviembre de 1981, cuando se realiza la reunión de Organizaciones de personas dependientes y con capacidades diferentes y otros organismos no gubernamentales internacionales en el Primer Congreso Fundacional de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, que tuvo como sede Singapur. 1983-1992 En Diciembre Naciones Unidas proclama el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, la Asamblea General insta a los Estados Miembros a poner en práctica el Programa de Acción Mundial durante este Decenio en donde se estimaba que con esto se estaría beneficiando a un 20 por ciento de la población mundial de esa época, sufría de algún tipo de discapacidad.[7] No será sino hasta 1989, que se realiza otro aporte al concepto relativo a las capacidades diferentes. Así, la Asamblea General propone las Directrices de Tallin para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos[3].

Estos nuevos criterios reconocen a las personas con capacidades diferentes, como actores de su propio destino y no como objetos dependientes de los gobiernos u otras personas, e intentan lograr el desarrollo pleno del potencial y las capacidades de todos los individuos. El empleo se considera un medio para las personas discapacitadas para ejercer sus plenos derechos y lograr una vida con independencia, de forma efectiva.

El camino recorrido de la Declaración de Filadelfia a la Declaración de la OIT sobre el trabajo decente, relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento de 1998, no ha significado sin embargo una inclusión de todos los derechos humanos fundamentales de las personas excluidas del proceso de trabajo.

La Declaración de 1998 de la OIT sobre el Trabajo Decente y los derechos humanos relativos, tiene dos grandes vacíos conceptuales con consecuencias prácticas en las condiciones de vida y trabajo de las personas afectadas por las políticas de discriminación que conllevan discapacidad social y física.
No se incluyeron como derechos humanos fundamentales Los Convenios 102 de 1952, relativo a la seguridad social y que han ratificado todos los Estados centroamericanos, lo que sin duda debilita a los grupos mas excluidos y vulnerables, que no gozan de seguridad social. Este constituye un vacío de la Declaración sobre el Trabajo decente, que no incluye la Seguridad Social como parte del trabajo digno. Desde el punto de vista de los derechos humanos este es un desacierto de la Organización Inte4rnacional del Trabajo y una reversión en la vigencia de derechos esenciales y universales.

De esta manera más de la mitad de la población carece de una seguridad social para evitar la discapacidad social y la totalidad de la población, salvo meritorias excepciones, carece de protección social por condiciones de discapacidad física. Lo anterior a pesar de los esfuerzos mundiales, por al final prevalece un trabajocentrismo en todo el análisis de la OIT y las otras dependencias de las Naciones Unidas. Estas organizaciones han girado sobre su eje creando más institucionalidad pero la práctica de los derechos de las personas excluidas prevalece inalterada a pesar de las declaraciones de derechos. Así por ejemplo en 1991 se recomienda el nombramiento de un ombudsman internacional en materia de los derechos de los discapacitados.
La Asamblea General adopta en ese año los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. Un total de veinticinco principios definen las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos de las personas que padecen enfermedades mentales. La realidad de los reclusorios y hospitales mentales ha avanzado poco o nada en la realidad de nuestra región y esta temática no es un tema de discusión general de la sociedad que prefiere encerrar y discriminar a las personas no aptas para el trabajo asalariado. Otros mecanismos internacionales siguen siendo igualmente limitados, aunque han favorecido para hacer un poco mas visible el problema en referencia.

De este modo en 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas declara el 3 de diciembre de cada año Día Internacional de los Impedidos, y cierra con ello el Decenio de los Impedidos y compendia los objetivos de esta organización en la esfera de la discapacidad, buscando la integración plena de los discapacitados en la sociedad y animando a que en futuras conferencias de las Naciones Unidas se debatan cuestiones relativas a la discapacidad.
En ese mismo año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo hacen mención a la interdependencia del desarrollo sostenible social y medioambiental, y da especial importancia a la integración de todos los grupos sociales, incluyendo al de los discapacitados, en un plan general de desarrollo. El concepto de discapacidad se asocia al ambiente por primera vez, pero aun el discurso seguía siendo parcial por lo que un año después se crean las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Las Normas resumen el mensaje del Programa de Acción Mundial y establecen las condiciones previas para la igualdad de oportunidades. También se centran en lograr la igualdad de participación en diversas órganos de toma de decisiones .La Conferencia Mundial de Derechos Humanos examinó los instrumentos de derechos humanos reconocidos universalmente y adoptó la Declaración y Programa de Acción de Viena. La Conferencia reconoce que los derechos humanos y las libertades fundamentales tienen alcance universal y deben, por tanto, incluir sin reserva alguna a las personas con capacidades diferentes en lo físico, lo social y lo ecológico. Es en 1994 cuando la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebra en El Cairo. En ella se reconoce la importancia de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes.

Desde el punto de vista conceptual la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social tiene lugar en marzo en Dinamarca nos da por primera vez un concepto nuevo de desarrollo social equitativo e incluyente y aclara que si no es así, no existirá un verdadero desarrollo humano y económico-social.
Señala esta Cumbre que inclusive se pone en peligro la supervivencia de este proyecto de humanidad que vivimos bajo la égida del trabajo y la explotación de los recursos de la naturaleza[4]. Se adopta la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social[5]. Era la primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, que se reunieron los Jefes de Estado y de Gobierno para reconocer la importancia del desarrollo social y el bienestar de la humanidad y dar la máxima prioridad a esos objetivos frente al advenimiento del siglo XXI. Esta cumbre se visualizó como una reunión para fortalecer la esperanza, el compromiso y la acción para enfrentar la discapacidad social de los pobres y excluidos del desarrollo humano. En el Anexo I de la Declaración de Copenhague se admitía:” h) Las personas con discapacidad, en demasiados casos reducidas a la pobreza, el desempleo y el aislamiento social, constituyen una de las mayores minorías del mundo, mas de una de cada diez personas. Además, las personas de edad pueden ser particularmente vulnerables en todos los países a la exclusión social, la pobreza y la marginación. “Ese año la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer[6], centra su atención en cuestiones de género incluidas en el plan general de desarrollo.

Los aspectos relativos a la discapacidad se abordan en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que reconoce que las mujeres se enfrentan a diversos obstáculos para conseguir la igualdad plena y la promoción, por motivos tales como su discapacidad.
Señala la Declaración referida, “32.-se deberán- Intensificar los esfuerzos para asegurar el disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a todas las mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para su empoderamiento y su avance por factores tales como la raza, la edad, el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o porque son población indígena,”para desarrollar al máximo el pleno potencial de las niñas y de las mujeres de todas las edades, y asegurar su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todas las personas y promover su papel en el proceso de desarrollo. En esa época se tenía claro que el avance de las mujeres y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y no deben considerarse aisladamente como un problema de las mujeres.

Sólo después de alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres son indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos. Sin embargo el tratamiento en el plan de acción no puso énfasis ni prioridad alguna para las niñas y mujeres con capacidades diferentes. Sin lugar a dudas se han dado avances en este proyecto, pero las mujeres con capacidades diferentes siguen siendo doblemente excluidas en nuestra región, por su condición de mujeres y por su diferencia en la capacidad física y social.[8]

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, (Habitat II) celebrada en Estambul, Turquía, en junio de 1996, deliberó sobre la vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización consideró las medidas de los gobiernos en favor de las personas con capacidades diferentes.


Lo anterior se da porque se tomo conciencia que las ciudades y los pueblos son centros de civilización y fuente de desarrollo económico y del progreso social, cultural, espiritual y científico y que la urbanización inclusiva constituye un desafío para la humanidad para garantizar la creación de un entorno mejor para todos.

Se indicaba en la Declaración de 1996 de manera expresa: “Propiciaremos el acceso sin restricciones de los discapacitados y la igualdad entre los hombres y mujeres en las políticas, los programas y los proyectos de vivienda y de desarrollo de asentamientos humanos sostenibles. Asumimos estos compromisos, en particular, ante los más de mil millones de hombres y mujeres que viven en condiciones de pobreza absoluta y ante los grupos vulnerables y desfavorecidos que se mencionan en el Programa de Hábitat.”

Veinte años después, la inaccesibilidad de las ciudades y del entorno rural, sigue siendo un reto y los gobiernos han olvidado su compromiso, adecuándolo a las posibilidades y políticas de estado, siempre excluyentes y demagógicamente inclusivas a nivel del discurso oficial y la institucionalidad creada a partir de ese discurso.
La realidad de los Derechos Humanos y de la correlativa discapacidad social fue muy bien resumida en un informe presentado por Kofi Annan, el secretario General de las Naciones Unidas[7]. Este trabajo del Secretario de Naciones Unidas planteó con tada crudeza un panorama de la situación mundial de la discapacidad social provocada por el deterioro del entorno mundial.

Los datos son abrumadores: 1,300 millones de personas viven en extrema pobreza, con ingresos menores a un dólar norteamericano diario. La población mundial actual es de 6,100 millones de personas y se calcula que para el año 2050 podría aumentar en un 50%, y alcanzar la cifra de 9,300 millones de habitantes.
Los niños son las principales víctimas de la degradación del medio ambiente. Las enfermedades causadas por el consumo de agua y alimentos contaminados por bacterias provocan la muerte de 5,500 niños todos los días. Aproximadamente la mitad de los ríos del mundo están seriamente degradados y contaminados. La contaminación de los mares por las aguas residuales ha causado una grave crisis sanitaria. Se calcula que el consumo de alimentos contaminados provenientes del mar provoca 2 millones y medio de casos de hepatitis infecciosa al año, lo que causa 25,000 muertes y discapacidad a otras tantas personas. Más de 100 millones de personas carecen de agua potable segura. Las aguas contaminadas afectan la salud de 1,200 millones de personas y contribuyen a la muerte de 15 millones de niños menores de 5 años anualmente. 2,000 millones de personas carecen de energía, lo que las condena a seguir viviendo en la pobreza. Más de 1,000 millones de personas respiran aire contaminado y tres millones mueren anualmente por la contaminación del aire. De acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Mundial para la Naturaleza, 11 mil 46 especies están en peligro de extinción en el mundo y 816 ya se han extinguido. El 70% de los arrecifes de coral está muriendo como resultado de la contaminación producida por las actividades humanas. El planeta pierde al año más de 7 millones de hectáreas de tierra cultivable debido a la degradación del suelo. La erosión del suelo causada por el agua, el viento y las sustancias químicas ha degradado severamente unos 2,000 millones de hectáreas: un área mayor que la de los territorios de Estados Unidos y México juntos. Alrededor del 15% de estas tierras han sufrido daños irreversibles. Se han perdido el 80% de los bosques que cubrían la Tierra. Cada año desaparecen 375 km2 de bosques, un área equivalente a la superficie de Grecia. Toda esta situación genera discapacidades diversas para grupos, poblaciones y nacionalidades.

La pobreza ambiental lleva a la pobreza generalizada y a las enfermedades sociales de la pobreza, entre las cuales está la dependencia y la discapacidad.

Mas del treinta por ciento de la población mundial sobrevive con una discapacidad física, y una de cada tres personas que habitan no tienen acceso a la seguridad social ni a un entorno aceptable, lo que constituye una amplia mayoría sujeta a la discapacidad social.
Con una visión optimista, frente a esos datos aun podemos afirmar que las conferencias mundiales han conseguido impactos positivos a largo plazo logrando el establecimiento de normas y directrices internacionales para la política nacional. La divulgación de derechos y la evolución de conceptos relativos a derechos humanos esenciales, así como la existencia de foros mundiales pueden también entenderse como avances. Ahora se pueden debatir propuestas y compromisos de los gobiernos, que por lo menos formalmente rinden cuentas de forma regular a las Naciones Unidas.

La pregunta sigue siendo: ¿ si la capacidad creadora y la alternativa humana se va a imponer sobre la capacidad destructora y de discriminación de derechos que posee la globalización?. Las empresas transnacionales y la estructura de poder mundial prevaleciente, que ha reducido la labor normativa de Naciones Unidas a una labor declarativa y poco eficiente.
La Cumbre del Milenio, ofreció a los pueblos del mundo una oportunidad única de reflexionar sobre su destino común en un momento en que se encuentra más interrelacionado. Los líderes mundiales prometieron sacar a centenares de millones de personas de la pobreza extrema para el año 2015. Esta promesa puede hacerse realidad, pero sólo si los países pobres adoptan un amplio abanico de reformas y si las naciones ricas reaccionan ofreciendo mejores condiciones comerciales y más ayuda, según se desprende del Informe sobre el Desarrollo Humano 2003 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Un primer factor es el desconocimiento del bloque de legalidad existente para este sector por amplias mayorías de las personas con capacidades diferentes. El segundo aspecto es un sistema legal que no ha creado mecanismos eficientes de reconocimiento y aplicación de derechos. Únicamente la Sala Constitucional ha jugado un papel en este aspecto, pero la institucionalidad de la propia administración pública se las ingenia para evadir la aplicación de sus sentencias que son erga omnes. El sistema judicial lento y tortuoso hace inaplicables las leyes constitucionales y el marco jurídico complementario que hace las leyes prácticamente inaplicables. Se agrava lo anterior cuando no existe un marco sancionatorio eficaz por violación de la normativa existente, ni siquiera en lo relativo a derechos humanos esenciales como el derecho a la movilidad, la educación y la salud. Finalmente, la debilidad de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares es deficiente y aun muy débil para ejercer presión sobre el aparato del Estado. Al final, las Personas con Discapacidad poco se han beneficiado de una atención complementaria y especial, ni han gozado de igualdad de oportunidades en los términos establecidos en los Convenios Internacionales y ley 7600.


No existe en la población una tradición fuerte de ejercicio de los espacios de la democracia política. De manera reciente está aumentando la participación y los conocimientos sobre los asuntos y decisiones de los órganos del Estado que les conciernen y afectan. Hasta ahora ha sido una falacia hablar de participación de las personas excluidas en la sociedad civil y politica. Las personas que han sido discapacitadas por la sociedad política siguen siendo representadas por los mismos funcionarios , partidos políticos excluyentes y grupos de interés..






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ANEXO:
Convenios del Sistema de las Naciones Unidas:
Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo. (Convenio 159 de la OIT). Adoptado el 20 de junio de 1983
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Resolución 26/2856 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971.
Declaración de los Derechos de los Discapacitados. Resolución 30/3447 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 (originalmente conocida como “Declaración de los Derechos de los Minusválidos).
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud. Resolución 46/119 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1991.
Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Resolución 48/96 aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993.
Otras Recomendaciones y Resoluciones:
Recomendación sobre la Adaptación y Readaptación Profesionales de los Inválidos. Emitidas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 1o de junio de 1955.
Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Resolución 37/52 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982.
Instrumentos de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Suscrito en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 de noviembre de 1988. Este establece en su artículo 18, el derecho de las personas discapacitadas “a recibir atención especial con el fin de alcanzar el máximo”, comprometiendo a los países a adoptar medidas necesarias para el logro de ese propósito.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en ciudad Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999.
Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción (ratificada el 24 de septiembre de 1998). Se destaca la ratificación de este convenio debido a que antes de que las minas fueran removidas por personal militar internacional especializado, las minas antipersonales causaron muchas lesiones discapacitantes y víctimas mortales.
Otras Recomendaciones y Resoluciones del Sistema Interamericano.
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud. Resolución 1249 (XXIII.093) sobre la situación de las personas discapacitadas en el Continente Americano.
Resolución sobre la situación de los Discapacitados en el Continente Americano. Resolución 1356 (XXV-095)
El “Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”. Resolución 1369 (XXVI-096).
Declaración a nivel de Centroamérica.
Declaración de Managua, adoptada el 5 de junio de 1992, en el marco de la Cumbre Presidencial de la XII Cumbre Centroamericana de Presidentes. En este acuerdo se aprobó la creación de un Consejo Regional y Consejos Nacionales para la atención del menor con discapacidad, los cuales serían integrados por un consejo consultivo y un consejo técnico.
[1] El concepto retrasado mental proviene de los organismos de Naciones Unidas y de su correlativa Declaración.
[2] Año de los Impedidos, en lenguaje original de Naciones Unidas.
[3] El lenguaje es el original.
[4] 1995
[5] Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Aprobada en la 14a sesión plenaria, celebrada el 12 de marzo de 1995
[6]Celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995.
[7] Marzo del 2002
[1] Elaborado por PGR. Frank Ulloa Royo. Diciembre 2006.
[2] El artículo 25 de la Declaración sostiene que toda persona tiene "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
[3] Estos dos Convenios desarrollan y completan el dispuesto en la Declaración Universal, y los tres instrumentos juntos conforman lo que ha venido a conocerse como la Carta Internacional de Derechos Humanos.
[4] En 1956 aparece la publicación Internacional Social Service Review para concienciar a la población acerca de los asuntos relativos a la discapacidad y para fomentar el desarrollo de programas de rehabilitación en todo el mundo.
[5] El 6 de Mayo el Consejo Económico y Social adopta la resolución 1921 (LVIII), en materia de prevención de la incapacidad y rehabilitación de los impedidos. Vigésima cuarta sesión de reuniones.

[6] En 1981, se celebran importantes reuniones, El Simposio Internacional de Personas Discapacitadas se celebra del 27 de septiembre al 4 de octubre en Trípoli, en la Jamahiriya Árabe Libia; el Simposio Mundial de Expertos en Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo y Asistencia Técnica en Prevención de la Incapacidad y Rehabilitación de los Discapacitados tiene lugar en Viena, Austria, del 12 al 23 de octubre; la Conferencia Mundial sobre Medidas y Estrategias relativas a la Educación, Prevención de la Incapacidad en Integración de los Discapacitados se celebra en Torremolinos, España,( UNESCO). El UNICEF hace llegar una campaña de vacunación a más de 5 millones de niños para disminuir la incidencia de las enfermedades que producen discapacidades.
[7] En 1984 el Secretario General informa de que una media de un 20 - 25 por ciento de la población de los países en desarrollo sufre algún tipo de discapacidad, y que aproximadamente de 350 a 500 millones de personas discapacitadas viven en zonas donde los servicios son insuficientes.
[8] Así lo notamos, en Para lograr este fin, se exhorta a los Gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad civil, inclusive las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas estratégicas en las siguientes áreas de especial interés: - La persistente y creciente carga de pobreza que afecta a las mujeres. - La falta de acceso, las desigualdades y las carencias en la educación y la formación. - La falta de acceso, las desigualdades y las carencias en materia de salud y servicios relacionados. La violencia contra las mujeres. - Las consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres, incluidas las mujeres que viven bajo ocupación extranjera. - La desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todas las formas de actividad productiva y en el acceso a los recursos. - La desigualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones a todos los niveles. - La falta de mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el avance de las mujeres. - La falta de respeto, promoción y protección de todos los derechos humanos de las mujeres. - Los estereotipos sobre las mujeres y la desigualdad de acceso y participación de las mujeres en todos los sistemas de comunicación. - La persistente discriminación contra las niñas y la violación de sus derechos.


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